Aprobada por unanimidad la ley que permite expedientar y sancionar al Gobierno

El pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad una ley que limita la participación de los miembros del Gobierno y los altos cargos en actividades privadas cuando abandonan el cargo y abre la posibilidad de que sean expedientados y sancionados. El proyecto de ley remitido al Parlamento por el Gobierno ha llegado al pleno consensuado por los tres grupos con representación en la Cámara -el PP, el PRC y el PSOE-, lo que ha permitido mejorar la norma, según han asegurado sus portavoces. El consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, quien ha presentado la ley ante el pleno, ha asegurado que esta norma es el reflejo de la apuesta del Gobierno por "la transparencia en la gestión", como único camino para lograr la "confianza" como pilar básico de relaciones entre los ciudadanos y la administración. Esta ley, que se denomina Reguladora de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración, es "novedosa" dentro del ordenamiento jurídico, porque aunque Cataluña y Galicia ya han establecido un régimen de incompatibilidades, ninguna comunidad ha ahondado en el concepto de conflicto de intereses. La ley, que consta de 26 artículos, amplia el concepto de alto cargo a todas las personas que sean designadas por decreto o acuerdo del Consejo de Gobierno, además del presidente, los consejeros y directores generales, y establece limitaciones durante su mandato y en los años posteriores al cese. Así, ninguna de las personas sometidas a este ley podrán desarrollar actividades privadas relacionadas con los expedientes en cuya resolución hayan intervenido directamente en el ejercicio de sus funciones como alto cargo. Tampoco podrán suscribir en los dos años siguientes al cese ningún tipo de asistencia técnica, de servicios o similares con la administración, los organismos, las entidades o las empresas del sector público en las que hayan prestado servicios ni personalmente ni a través de sociedades en las que tengan una participación superior al 10 por ciento. El consejero ha explicado que con esta norma, ninguna persona que haya ejercido un alto cargo en la administración podrá servirse de él para fines particulares. La ley establece un catálogo detallado de infracciones y un régimen de sanciones para "no quedarse en una mera declaración de intenciones que sería simple papel mojado", según ha afirmado Mediavilla. Una infracción muy grave podría suponer la inhabilitación para ocupar un cargo público por un periodo de hasta diez años. Mediavilla ha destacado que esta ley opta, ante todo, por la prevención, a través de cuatro pilares: el control en el nombramiento de determinados altos cargos, un exhaustivo régimen de incompatibilidades, el obligado cumplimiento de una serie de prescripciones una vez abandonado el puesto y un sistema de declaraciones de actividades, bienes y derechos patrimoniales e intereses. Una vez que este proyecto ha salido adelante, se aprobará un Código del Buen Gobierno de los miembros del Ejecutivo y de los altos cargos del sector público autonómico. Según ha anunciado Mediavilla, el Código recogerá, entre otras cuestiones, la necesaria transparencia patrimonial, la objetividad e imparcialidad como premisa básica en los procedimientos de contratación pública y el reconocimiento de los derechos patrimoniales o personales.