El Confidencial
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José Manuel López García
Ernesto González Valdés

El BNG confía en que el Gobierno "cumpla" las recomendaciones del dictamen de la agente y el PP exige responsabilidades

Nacionalistas y socialistas aprueban las conclusiones con la oposición del PP

24-06-2008

El BNG manifestó su "confianza" en que el Ejecutivo autonómico "cumpra" las recomendaciones que estipula el dictamen aprobado definitivamente con el apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno, tras rechazar el voto particular de los populares, que instaron a la Xunta y al PSOE a "asumir responsabilidades" y apuntaron que si los implicados en este "fraude" no lo hacen, el "máximo responsable" será el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño. Como era previsible, socialistas y nacionalistas dieron luz verde a un dictamen en el que se reconocen deficiencias en el uso de la subvención concedida por la Consellería de Traballo para contratar a María Isabel Blanco, así como en el objeto de su viaje a Argentina, también financiado por la Xunta, pero no se exige al Gobierno gallego la depuración de ninguna responsabilidad política concreta. Sin embargo, en el transcurso del debate, el diputado del BNG, Carlos Aymerich reiteró su "confianza" en que el Gobierno gallego "cumpra" las recomendaciones del texto aprobado por mayoría en el Parlamento gallego y aseguró que, frente a lo que ocurría con el anterior Ejecutivo del PP, con la actual Xunta se aprueban las conclusiones de las ponencias y "quen as fai, as paga". En su intervención, Aymerich consideró "un bo síntoma" de "cambio" que hayan llegado a debatirse las conclusiones definitivas de esta ponencia y contrapuso esta situación con lo ocurrido en una comisión sobre el voto emigrante impulsada durante la V legislatura, en la que a pesar de "recoñecerse de forma manifesta" que la regulación existente alentaba "todo tipo de manipulacións" en la gestión del voto de la diáspora, el PP frenó la aprobación del dictamen final al ser "lesivo para os seus intereses partidarios". El diputado nacionalista insistió en que el BNG no va a aceptar "leccións de ninguén", y mucho menos del PP, en el tema del voto emigrante. "Nós votamos en contra de que se ampliase o prazo do escrutinio para fabricar votos no exterior", reiteró y aunque reconoció que "por suposto" existen agentes electorales en la diáspora, vinculó esta práctica con el PP y el PSOE, señalando que sólo el BNG tiene "lexitimidade" para pronunciarse, al ser completamente ajeno a la misma. "Manipulación" del PP También el parlamentario socialista Xaquín Fernández Leiceaga se mantuvo en su postura, acusando al PP de "manipular os feitos" y de elaborar un dictamen alternativo de "carácter contradictorio e sesgado", criticando con dureza unas conclusiones "contundentes" basadas tan sólo en "indicios" y que, en su opinión, han construido los populares basándose "só" en el testimonio de María Isabel Blanco. Asimismo, se mostró molesto por la insistencia de los populares en reclamar la asunción de responsabilidades a los miembros de la Xunta y del PSOE implicados en el caso y se preguntó si el PP tendrá la misma contundencia con los cargos de su partido "que fixeron o mesmo". "¿Tamén lle están pedindo responsabilidades ao señor Feijoo polo seu cheque ou a Rafael Louzán?", subrayó el socialista y defendió la "fiabilidade" del dictamen aprobado hoy. "Respondemos ben ao mandato parlamentario", sentenció y, al tiempo, lanzó una advertencia al BNG, reclamando el "máximo respecto" a los gallegos residentes en el exterior, y asegurando que el PSdeG "non permitirá" ninguna afirmación "que poña en cuestión a súa dignidade a exercer un dereito propio". Asunción de responsabilidades Por su parte, el PP reiteró que al ser "constatada" la "maquinación fraudulenta" en el caso de la agente electoral sólo caben dos actitudes por parte del Ejecutivo autonómico y del PSOE. La primera, según el diputado popular Antonio Rodríguez Miranda, pasa por la "asunción de responsabilidades" de los conselleiros de Traballo, Ricardo Varela, y el de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, así como el secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez, así como el regidor de Muxía, Félix Porto, y la diputada socialista Marisol Soneira, bajo el riesgo de que si no lo hacen, el "máximo responsable" será el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño. El segundo objetivo del PP consiste en que se trabaje para que los votos lleguen "en urnas de cristal" las próximas autonómicas, algo que sólo será posible "se temos vontade" y si Touriño "así o quere". Para el PP, si no se dan estos dos pasos, los dirigentes socialistas quedarían como "corsarios dos mares da democracia" con la "patente de corso" del BNG, una actitud que, en su opinión, los gallegos "non merecen". En este sentido, el popular replicó a Leicega que la fiabilidad del dictamen aprobado es "nula" y lo definió como un pacto fruto "dunha transacción de socios de fortuna". Dictamen aprobado Aunque no se exigen responsabilidades políticas, en el dictamen finalmente aprobado este martes se recomienda, además de "limitar" los viajes institucionales al extranjero desde la convocatoria de las elecciones autonómicas, reformar la ley electoral para el voto en urna y reducir el plazo de escrutinio del sufragio exterior a tres días, realizar una normativa más objetiva para otorgar los viajes de carácter humanitario concedidos por la Xunta. Además, insta al departamento que dirige Ricardo Varela a "contemplar" en futuros contratos subvencionados a través de Programas de Cooperación, la obligación de todas las entidades beneficiarias de comunicar las "modificacións substantivas" que afecten a la realización de la actividad a realizar por el trabajador de la ayuda concedida, con el objeto de velar por el cumplimiento de las condiciones en la que se solicita. Desde su escaño, el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, contempló el debate, visiblemente molesto por la insistencia del PSdeG en vincular la denuncia de María Isabel Blanco a los contactos mantenidos con su partido. "¡Agora a culpa ímola ter nós!", dijo Feijoo en más de una ocasión. Más tranquilo, Ricardo Varela contempló también en el hemiciclo el debate previo a la aprobación del dictamen.





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