Vivenda abre la puerta a la expropiación de inmuebles vacíos con riesgo de derrumbe

El anteproyecto de Ley de Vivienda ve incompatible "éticamente" ser promotor y alcalde y crea un registro de promotores para consultar su solvencia

El anteproxecto de Lei de Vivenda, que fue presentado en Santiago por la conselleira Teresa Táboas y será aprobado el jueves en el Consello de la Xunta, abre la puerta a la expropiación forzosa de aquellos inmuebles vacíos que no cumplan las condiciones de habitabilidad y suponga un peligro de derrumbe. "Esta medida trata de impedir a degradación de barrios nos que existen edificios abandonados", explicó Táboas. El texto incluye finalmente en su articulado la "incompatibilidade ética" de ser promotor y a la vez ejercer como alcalde o concejal en un Ayuntamiento. La intención inicial del departamento gestionado por Táboas era introducir la prohibición legal de compatibilizar la actividad inmobiliaria con un cargo municipal. Sin embargo, ya en el mes de abril la Consellería de Presidencia consideró que esta incompatibilidad debía introducirse mediante una normativa referente a la función pública, y no mediante una ley de vivienda. Finalmente, se ha optado por la incompatibilidad ética, recogida en el articulado de la nueva normativa, aunque Táboas reconoció en el acto de presentación su deseo de haber dado un paso más y prohibir que los regidores tengan intereses en el sector de la construcción. Al margen de este aspecto, lo más llamativo del texto es que, por primera vez, el fomento del alquiler como vía de acceso a una vivienda pasa a tener rango de ley y se aprueba la creación de un Rexistro de Axentes Promotores de Galicia, donde cualquier ciudadano podrá consultar el historial y la solvencia económica de un constructor antes de adquirir una casa. Teresa Táboas considera que la ley es "realista e está empapada de medidas sociais", cierra el círculo normativo previsto por la Consellería para la presente legislatura y se trata de "un texto reivindicativo das competencias exclusivas que lle corresponden á comunidade autónoma en materia de vivenda, nun momento no que o posicionamento competencial pode ter consecuencias relevantes". El anteproxecto, que será aprobado por el Parlamento de Galicia durante el segundo semestre, sustituye al actual texto, la Lei 4/2003, y entiende que "a vivenda é un dereito constitucional que os poderes públicos teñen a obriga de garantir, a Administración recupera o papel activo que lle corresponde". La conselleira espera que el documento se convierta en un "Estatuto e un auténtico código do dereito á vivenda". El texto consta de cinco títulos y 119 artículos, además de siete disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales. Fondo Social La ley recoge que "calquera persoa poderá esixir ante os órganos administrativos e a xurisdicción o cumprimento da normativa de vivenda, algo que só existía ata o de agora en materia de urbanismo", destacó Taboas. Da luz verde también a un Fondo Social de Vivenda, que tendrá el objetivo de procurar el derecho a un lugar de residencia para los sectores sociales con más dificultades, y considera un inmueble vacío todo aquel en el que los usuarios legítimos estén ausentes durante un periodo de dos años. El anteproyecto consagra la calidad como un elemento central en la regulación de vivienda, en línea con las Normas do Hábitat, estableciendo exigencias en las fases constructiva y de conservación de los pisos. Los propietarios tendrán que realizar las obras de rehabilitación necesarias para mantener las viviendas en condiciones de uso, correspondiendo a los ayuntamientos la labor de velar por el cumplimiento de este deber. Mobbing y vivienda protegida La ley detalla las condiciones de desalojo y retorno, con el objetivo de impedir el acoso inmobiliario, así como la posibilidad de establecer programas de ayuda que permitan actualizar las rentas antiguas. En cuando a la vivienda protegida, su superficie aumenta de 120 a 140 metros cuadrados, con un mínimo de 40 para los pisos de un dormitorio. La conselleira apuntó que "en aras da transparencia e da igualdade de oportunidades, se xeraliza o sistema de sorteo a través do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida". En materia de alquiler, se pondrá en marcha un sistema de arbitraje de resolución de conflictos que puedan surgir entre los propietarios y los inquilinos, como solución previa a la alternativa judicial. En las disposiciones del texto, se detalla la creación de un Observatorio da Vivenda, para disponer de información detallada y de las estadísticas necesarias para la planificación de una política efectiva, que se ajuste a las demandas de la sociedad.