El fiscal de la CPI pedirá una orden de detención contra el presidente de Sudán

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, solicitará el próximo lunes una orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar Al-Bachir, por genocidio y crímenes de lesa humanidad en relación con el conflicto de Darfur, que ha causado más de 300.000 muertos. La demanda del fiscal, recogida este viernes por distintos medios internacionales que citan fuentes de Naciones Unidas, no ha sido confirmada por la CPI, que en mayo anunció que había emitido órdenes de detención contra el ex viceministro del Interior sudanés, Ahmad Mohamed Harun, y el líder de la milicia "Yanyauid", Ali Kushayb. No obstante, el fiscal argentino Moreno Ocampo tiene previsto comparecer públicamente el lunes en La Haya para presentar los resultados de su segunda investigación sobre el conflicto de Darfur. Si plantea entonces la petición de arresto, tres jueces de la sala preliminar de la CPI decidirán si las pruebas presentadas por el ministerio público constituyen una base razonable para hacer efectiva la orden contra el presidente de Sudán. De salir adelante la demanda del fiscal, Al-Bachir se convertirá en el tercer presidente en ejercicio en ser objeto de un proceso judicial internacional. Le precedieron el serbio Slobodan Milosevic, fallecido en 2006 e inculpado en 1999 por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), y el liberiano Charles Taylor, perseguido desde marzo de 2003 por el Tribunal Especial de Sierra Leona. Según publica el rotativo "Le Monde", altos responsables diplomáticos y de las Naciones Unidas han sido alertados de las intenciones del fiscal argentino y tomarán medidas de precaución en caso de que Jartum tome represalias contra la presencia internacional en Sudán. El director del departamento de justicia internacional de la organización Human Rights Watch, Richard Dicker, dijo al diario francés que la orden de detención supondría "un paso significativo contra la impunidad en Darfour y enviará el mensaje de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un presidente". El embajador de Sudán ante la ONU, Abdalmahmud Abdalhaleem, citado este viernes por el diario norteamericano The Washington Post, advierte de que el fiscal Moreno Ocampo "está jugando con fuego" y que su iniciativa, si se concreta, tendría "graves consecuencias". En junio, el fiscal jefe del CPI acusó a Jartum en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde dijo que el disimulo de los crímenes por parte de las autoridades sudanesas es característico de un sistema criminal como el de Ruanda o Yugoslavia. "Para planificar y cometer crímenes de esa naturaleza, a esa escala, y durante un período tan largo, los criminales deben movilizar a todo el aparato del estado", añadió Moreno Ocampo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas denunció ese mismo mes la falta de cooperación de Sudán con el CPI, cuya jurisdicción no reconoce, y la Unión Europea amenazó con sancionar a Jartum. Sudán, la mayor nación del continente africano, sufre múltiples divisiones religiosas, étnicas y socio-económicas, acentuadas por las luchas para apropiarse las riquezas naturales, desde que en 1978 se descubriera petróleo al sur del país.