Quintana critica al Gobierno por recortar los fondos para la Ley de Dependencia

Cree que se demuestra que la crisis "mina las políticas sociales"

El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha acordado con las comunidades autónomas la distribución de 241 millones de euros para financiar servicios y prestaciones de la Ley de Autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y de otros 154,6 millones de euros para la ejecución de diversos programas de servicios sociales, infancia, familia o personas con discapacidad. Los acuerdos se han alcanzado en sendas reuniones del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia y la Conferencia Sectorial de Política Social, presididas por la ministra Mercedes Cabrera. De esos 241.019.460 euros, 20.958.127 son para la financiación de la dependencia en Galicia y 18.755.931,70 euros para la financiación de programas sociales en esta comunidad. El representante de la Xunta en esta reunión, Anxo Quintana, se mostró insatisfecho con el reparto de fondos por parte del Gobierno. Estos fondos se dividen entre nivel mínimo (aquel que cubre las prestaciones para las personas con dependencia valorada) y nivel acordado (que el Estado reparte para el desarrollo de la ley entre las comunidades autónomas a decisión propia según lo acordado entre comunidades). El presupuesto inicial era de 872 millones de euros para ambas partidas, repartido, según un principio de acuerdo entre las administraciones, al 50% por ciento, por lo que el vicepresidente de la Xunta ha criticado lo lejos que se encuentra la cifra de 154,6 millones de los más de 400 millones esperados por las comunidades autónomas. ?Tengo que trasladar desde la perspectiva de Galicia que por desgracia la práctica supera con bastante a las palabras y, por desgracia, a la mala. Llevamos tiempo escuchado que la crisis no va a minar las políticas sociales y hoy hemos presenciado una evidencia de que la realidad no va por ese camino. Había prometidos unos recursos que hoy no hemos constatado en la práctica. Es un contratiempo para las comunidades autónomas, ya que descansará sobre ellas el mantenimiento de los servicios?. No obstante, el mandatario nacionalista aseguró que la Xunta podrá asumir esa falta de recursos por parte de la administración central gracias a la ?acertada política seguida en los últimos tres años que garantizará los derechos de los ciudadanos?. Esa política se basa, según Anxo Quintana, en tres pilares: Galicia es la tercera comunidad autónoma en número de valoraciones realizadas (más del 80 por ciento de las solicitadas, es decir, por encima de los 35.000 casos), lo que aumenta el nivel mínimo recibido; la firma del convenio por el que el Gobierno central se comprometió a pagar a Galicia la deuda histórica en servicios sociales (60 millones de euros), que han permitido la creación de una red pública de atención a los dependientes que tiene 2.500 plazas públicas en centros de día; y la ordenación de las modificaciones presupuestarias para cubrir con fondos propios aquello que el Estado no financie. Asimismo, Quintana manifestó que, a propuesta de la representación gallega, en septiembre se abrirá un nuevo calendario para fijar el coste real de la ley y de su sostenibilidad de tal forma que esté calculado antes de que el Consejo de Ministros se reúna para acordar los presupuestos para el año 2009. Por otro lado, se deja también para ese mes las conversaciones sobre el copago. Por su parte, la ministra Cabrera desmintió las informaciones que aluden a que el Gobierno reducirá en un 25% la financiación de los presupuestos para la Ley de la Dependencia. ?El presidente (José Luis Rodríguez) Zapatero ha anunciado, y en concreto sobre la Ley de la Dependencia, que se garantizará su continuidad pese a la crisis, pero eso no quiere decir que no haya una influencia?.