La reforma contra los inmigrantes ya es ley en Italia

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha recibido el respaldo del Parlamento para un paquete de reformas contra los inmigrantes ilegales, a quienes el Gobierno considera culpables de gran parte de los delitos en el país. Entre los aspectos que cubre la ley, desde crímenes mafiosos hasta conducir en estado ebrio, hay una medida para facilitar la expulsión de extranjeros. Otra disposición permite a las autoridades confiscar propiedades alquiladas a inmigrantes ilegales. Aquellos que viven en Italia de manera irregular también afrontan sentencias más duras si son condenados por algún delito. El primer ministro conservador decretó varias de las medidas poco después de asumir el cargo en mayo, declarando que "los ciudadanos tienen el derecho fundamental a no tener miedo". "Más de una vez, la izquierda aclamó que no existe relación entre la inmigración y el crimen", dijo Sandro Mazzatorta, del partido Liga Norte, contrario a la inmigración, en el Senado. "Fueron extranjeros quienes cometieron el 60 por ciento de los intentos de homicidio, el 60 por ciento de los robos, el 82 por ciento de los asaltos", añadió, en referencia a datos de 2007 de la ciudad norteña de Brescia. Los críticos dicen que estas comparaciones pueden fomentar el racismo. Medidas a adoptar La legislación incluye una disposición que permite al Ejército vigilar las calles junto a la policía. Una medida también facilita la captura de activos de mafiosos y otra impone penas más duras para quienes conduzcan ebrios. El primer ministro, de 71 años, había incluido originalmente en el proyecto de ley una controvertida medida que buscaba suspender los casos no urgentes por un año, pero la versión final la diluyó de forma significativa. Los partidarios de la ley dijeron que la propuesta ayudará a revertir el retraso judicial, pero los críticos sostienen que fue diseñada para que Berlusconi pueda eludir sus problemas legales, entre ellos un juicio por corrupción en Milán. La legislación final deja en manos de los jueces la decisión de suspender los juicios no urgentes durante 18 meses. Berlusconi obtuvo el martes la aprobación parlamentaria para una legislación que les otorga a él y a los otros tres máximos funcionarios electos de Italia -el presidente y los presidentes de las dos cámaras del Parlamento- inmunidad de procesamiento mientras estén en el Gobierno. De todas formas, Berlusconi puede optar por no usar su inmunidad en casos en su contra. Esto incluye un juicio en Milán que lo involucra junto al abogado británico David Mills. Berlusconi fue acusado de pagar a Mills 600.000 dólares provenientes de supuestos "fondos secretos" de Mediaset -el mayor canal privado de Italia- en 1997 para ocultar detalles incriminatorios de sus acuerdos empresarios. Ambos niegan los cargos.