Cataluña recibe los últimos documentos del Archivo de Salamanca

El Archivo Nacional de Cataluña, situado en Sant Cugat del Vallès, ha recibido los últimos documentos propiedad de la Generalitat de Cataluña que se habían incautado durante los últimos años de la Guerra Civil y que hasta ahora se guardaban en Salamanca. A la presentación de los documentos recién llegados han asistido el director general de Patrimonio Cultural de la Generalitat, Josep Maria Carreté, el director del Archivo Nacional de Cataluña, Josep Maria Sans Travé, y el subdirector general de Archivos y Gestión Documental, Ramon Alberch. Los documentos han llegado en la tarde del viernes en el interior de siete cajas procedentes del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, donde se guarda toda la documentación referente a ese periodo de los años treinta. Los documentos en cuestión hacen referencia a aspectos judiciales, en su mayor parte correspondientes al juzgado de instrucción de Igualada (Barcelona). El motivo de su retraso sería la duda existente sobre si en esas fechas la Generalitat republicana poseía las competencias de Justicia. "Se trata de una parte importante de documentos sobre los cuales había requerimientos a nivel legal, dado que se dudaba sobre si Justicia se había traspasado en aquél momento a la Generalitat", ha señalado el director general de Patrimonio Cultural de la Generalitat, Josep Maria Carreté. Este hecho obligó a revisar tal circunstancia temporal, y una vez quedó demostrado que en 1933 se habían traspasado las competencias y se superaron los trámites legales, se procedió a tramitar su regreso a Cataluña. Los documentos corresponden en un 99% al juzgado de instrucción de Igualada, aunque también hay del de Vilafranca del Penedès (Barcelona), telegramas, comunicados y alguna denuncia, además de una cartilla de un militante del POUM. Los documentos contenidos en las siete cajas complementan los archivos que ya llegaron a Sant Cugat a finales del año 2006, cuando se recibieron otros papeles procedentes de Salamanca que levantaron muchos recelos. Tanto desde la Junta de Castilla y León como desde el Ayuntamiento de Salamanca se presentaron varias denuncias que ponían en entredicho el traslado de los papeles y que evitaron que en su momento también se trasladasen los que hoy ya se encuentran en las dependencias catalanas. "Fue debido a los recursos que Ayuntamiento, Junta y Partido Popular interpusieron que se decidió detener la marcha de estos documentos hasta que se determinase su propiedad", según el subdirector general de Archivos y Gestión Documental, Ramon Alberch. Ahora la vista está fijada en los documentos privados, es decir aquellos que corresponden a particulares a los que en algún momento se les incautó correspondencia, telegramas u otros documentos de uso personal. En este sentido, la Comisión Mixta Estado-Generalitat del pasado 11 de julio determinó que después de verano se procedería a la digitalización de los documentos privados existentes en el archivo salmantino, tras lo cual se determinará la autoría y sus legítimos propietarios. Los documentos recibidos se han indexado y se almacenarán junto con los que en 2006 llegaron en el interior de 500 cajas para su conservación y para facilitar la consulta pública.