El juez del caso Mari Luz recurrirá la sanción de 1.500 euros que se le ha impuesto

El padre de la pequeña dice que la Justicia les ha "defraudado" y la Fiscalía baraja recurrir

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha sancionado con 1.500 euros al magistrado Rafael Tirado Márquez al considerar que cometió una falta grave al no ordenar que se ejecutara la sentencia por abusos a una menor contra Santiago del Valle, al que se le imputa la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés, según una nota del CGPJ. La decisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces se ha adoptado por mayoría de tres votos a favor y dos en contra. Las dos vocales que discreparon estiman que se debe devolver el caso al instructor para que se presentaran cargos más serios, ya que consideran que el juez cometió "una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales". El llamado "caso Mari Luz" ha generado polémica al constatarse que hubo una serie de errores judiciales que provocaron que el presunto asesino de la niña onubense de 5 años estuviera en libertad aunque tenía dos condenas por pederastia, una de ellas contra su propia hija. La familia de la menor considera que la multa al juez es muy baja y se siente "defraudada". "Me parece indignante. Es una vergüenza para toda la Justicia", declaró a periodistas el padre de la pequeña, Juan José Cortés. "Es la tercera vez que me tiembla el cuerpo, las piernas. Ha sido un golpe muy duro, porque a lo último que nos queríamos agarrar en esta vida es a la Justicia y la Justicia nos ha defraudado", agregó. Posible recurso El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tampoco se mostró satisfecho con la sanción y anunció un posible recurso. "Es muy difícil estar de acuerdo con tan poca cosa. Sería bueno que el Ministerio Fiscal pensara en ese recurso. Me consta que está ya pensando en un posible recurso", declaró. Por su parte, el juez Rafael Tirado recurrirá el acuerdo de la comisión disciplinaria porque, según ha apuntado su abogado, "no está contento en absoluto" y "no acepta ni siquiera que se trate de falta grave". Según el letrado, las responsabilidades por el retraso de la tramitación de la sentencia que condenaba a Del Valle es "un fallo colectivo en el sistema de las ejecuciones penales", y ha añadido que es una práctica habitual en España el intentar buscar algún culpable cuando hay un fracaso colectivo. Para la presentación de los recursos ante el pleno del CGPJ, la Fiscalía y el juez Tirado tienen un plazo de un mes, por lo que en ese caso la última palabra ya sería tomada por el nuevo órgano de gobierno de los jueces.