El PP sospecha que la Xunta "excluye" del Plan de Calidade das Augas a los concellos que no están gobernados por el PSOE

Sitúa a la "inexistente" depuradora de Vigo como "paradigma da paralización"

El portavoz parlamentario 'popular' en materia de Medio Ambiente, Jaime Castiñeira, hizo públicas sus sospechas de que la Xunta "exclúe" del Plan de Calidade das Augas a los concellos que no están gobernados por el PSOE. De hecho, el diputado 'popular' aseguró tener "constancia" de que la Consellería de Medio Ambiente dijo desconocer este programa de actuaciones "cando algún concello chamou á Xunta para solicitar información sobre as bases da convocatoria. Según Castiñeira, esta "ausencia de información" sólo puede obedecer a dos razones, esto es, que la Xunta "se dispoña a efectuar un reparto discrecional dos recursos" o que el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, y su homóloga estatal, Elena Espinosa, "teñan argallado unha montaxe encamiñanda a conseguir protagonismo mediático". Por este motivo, el PPdeG ha registrado una iniciativa en la Cámara gallega, en la que pide al Gobierno autonómico que "concrete" los concellos que se acogerán finalmente a este plan, acordado el pasado verano entre los Ejecutivos gallego y estatal, y dotado "cun hipotético orzamento" de más de 800 millones de euros hasta 2015. Por otra parte, Jaime Castiñeira recordó que los tres últimos años desde el cambio de Gobierno han ido aparejados a "unha parálise" en las políticas de depuración de aguas en Galicia, ya que en lo que va de legislatura se han licitado "tan só 15 depuradoras" frente a las "máis de 14 por ano" que licitó el anterior Gobierno de Fraga, pasando de las 12 estaciones iniciales a las 190 que dejó el PP en 2005. En la línea, el portavoz 'popular' situó a la "inexistente" depuradora de Vigo como "paradigma da paralización" en la que está sumida la comunidad. Sobre esta actuación concreta, denunció que la Xunta fue "incapaz" de negociar con el Gobierno central la declaración de obras de interés general, que permitiría que el Estado asumiese el 85% del coste de la actuación. "Nas outras grandes cidades non é preciso, porque o anterior Goberno deixou concluido ese trámite", zanjó Castiñeira.