El Parlamento catalán aprueba una resolución unitaria en financiación ceñida al Estatut

El presidente catalán, José Montilla, y el líder de CiU, Artur Mas, han permitido que el Parlament haya aprobado una propuesta de resolución conjunta sobre financiación autonómica que, con alguna precisión, se ciñe a lo que ya establece el Estatut y que no concreta una cifra sobre su aplicación. Tras una breve conversación telefónica el miércoles por la noche entre Mas y Montilla y los contactos de esta mañana entre el Govern y CiU para aclarar interpretaciones sobre el texto acordado, la cámara catalana ha aprobado finalmente la resolución con los 117 votos a favor del tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA) y CiU, y con el rechazo del PPC y Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (16 votos). La propuesta de resolución, aprobada con una cerrada ovación y una encajada de manos entre Montilla y Mas, "refuerza" la unidad catalana ante el Gobierno central, según el tripartito, y sienta las bases de una "unidad real" para una futura propuesta más detallada sobre financiación, según CiU, aunque no predetermina una cifra, la "cuantía del rendimiento", según el conseller Antoni Castells. Precisamente, Montilla ha negado haber hablado con Mas de cifras, mientras que Mas ha dicho tener el compromiso del presidente de la Generalitat de que intentará pactar con CiU la cifra resultante del nuevo modelo antes de sellar un acuerdo con el Gobierno central. Esta situación ejemplifica los recelos que todavía mantienen el gobierno catalán y CiU en torno a la negociación de la financiación. Antes de la votación parlamentaria, PSC y CiU han polemizado sobre el apartado clave del acuerdo, que en su literalidad afirma: "Los recursos de las finanzas de la Generalitat en el ejercicio 2009 deben incluir el rendimiento completo de todos los tributos estatales cedidos". Con esta redacción, CiU ha insistido en los pasillos del Parlament que el pacto aprobado hoy debe aportar un rendimiento total de la cesta de impuestos de unos 2.500 millones más de euros en el año 2009, renunciando al fondo de suficiencia. Si bien es cierto que el acuerdo parlamentario habla del "rendimiento completo" de todos los tributos estatales cedidos, también señala que la interpretación debe efectuarse en base a los artículos y disposiciones del Estatut, que recogen que los recursos de la Generalitat que se deriven de estos tributos se ajustarán al alza o a la baja "en función de su participación en los mecanismos de nivelación y solidaridad", como es el fondo de suficiencia. En el debate de aprobación de la propuesta de resolución, Joan Ferran (PSC), Anna Simó (ERC) y Jordi Miralles (ICV-EUiA) han celebrado el acuerdo porque refuerza la unidad catalana. Por su parte, el portavoz adjunto de CiU en el Parlament, Josep Maria Pelegrí, ha puesto el énfasis en pedir al Govern que no rebaje lo pactado hoy durante la negociación con el Estado. Por su lado, la portavoz del PPC en el Parlament, Carina Mejías, ha reprochado al Govern y a CiU el "sainete" que han organizado para pactar una propuesta de resolución sobre la financiación autonómica y que hayan dejado "al principal partido de la oposición" en España fuera del pacto. "Felicidades, ya tienen la foto", ha apuntillado. Asimismo, Ciutadans ha avisado de que la resolución pactada generará "victimismo y frustración". El acuerdo parlamentario, muy ceñido a la letra del Estatut, deja claro que no es el pacto catalán definitivo y "constata la necesidad de avanzar en un acuerdo que exprese la unidad de todas las fuerzas políticas, como reclama la sociedad catalana, en la propuesta que la Generalitat tiene que negociar con el Gobierno del Estado". La propuesta también establece que Cataluña debe "continuar siendo solidaria" pero deja claro que la aportación solidaria no debe alterar el llamado "principio de ordinalidad", es decir, que la solidaridad no puede hacer perder a Cataluña puestos en el ránking de renta per cápita de las comunidades. También se acota el destino que debe tener la aportación a la solidaridad que hace Cataluña: "Los recursos destinados a los servicios de educación, sanidad y otros servicios sociales se nivelarán para que en los mismos servicios prestados en otras comunidades se puedan alcanzar niveles semejantes". Además, el texto señala que la variable básica para distribuir los recursos nivelados debe ser la población y apela al "principio de lealtad institucional" para que el Estado compense a la Generalitat por las decisiones que comporten mayor gasto. Se insta al Govern a trabajar "en la evaluación del impacto que han tenido las decisiones adoptadas unilateralmente por el Estado".