La Xunta plantea un requerimiento de incompetencia al Estado por las ayudas para transporte urbano y metropolitano

La Xunta de Galicia acordó presentar un requerimiento de incompetencia ante el Estado, paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, por la orden en la que convoca ayudas a programas piloto que promuevan la movilidad sostenible en ámbitos urbanos y metropolitanos. El Gobierno gallego entiende que el Ejecutivo central está vulnerando el reparto competencial al atribuirse el proceso de subvenciones en una materia que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, como es este tipo de transporte. La orden publicada por el Estado regula no sólo las condiciones y el proceso de concesión de las ayudas, sino que también atribuye al Ministerio la gestión, concesión y pago de las mismas. El Gobierno autonómico considera que el poder de gasto no puede ser desvinculado de la competencia, y por lo tanto el Ejecutivo estatal no dispone de poder subvencional en este caso. Por eso, la Xunta advierte de que la orden aprobada por el Estado es inconstitucional, y dirige un requerimiento al Gobierno para que lo reconozca y se limite a proceder a la distribución territorial de las cuantías entre las comunidades autónomas, para que sean éstas las que las gestionen. Otros dos requerimientos La Vicepresidencia de la Xunta, como competente en Relacións Institucionais, también informó esta mañana al Gobierno gallego de la contestación positiva del Consejo de Ministros a dos requerimientos de incompetencia presentados frente a la convocatoria de subvenciones para el empleo femenino y las ayudas para impulsar procesos de planificación estratégicas, gestión y promoción de destinos turísticos. Además, la Xunta mantiene abiertos requerimientos sobre otras dos líneas de subvenciones estatales, la de programas de cooperación y voluntariado social y la concesión de subvenciones por parte de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Minusvalidez. En ambos casos, el Gobierno gallego presentó un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.