Las entidades financieras ya pueden solicitar los avales del Estado

Las entidades financieras residentes en España ya pueden solicitar desde este martes los avales del Estado por un importe máximo de 100.000 millones de euros este año, aunque los requisitos de concesión de los mismos todavía no están definidos. También desde este martes 14, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno podrá adquirir los activos de calidad de las entidades financieras que lo soliciten tras la creación del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, cuyo fin es impulsar la concesión de créditos a empresas y a particulares. El Fondo, que tiene una dotación inicial de 30.000 millones de euros, ampliables hasta 50.000 millones, adquirirá de las entidades financieras, con carácter voluntario por parte de las mismas y con criterios de mercado, activos españoles de máxima calidad. Para garantizar que la financiación llegue a las empresas y a los ciudadanos, el Fondo primará la adquisición de activos respaldados por nuevo crédito, es decir, aquellos otorgados después del 7 de octubre de 2008. En cuanto a los avales, las entidades podrán solicitarlos también durante 2009, aunque para ese año el Gobierno todavía no ha establecido la cuantía máxima permitida. El decreto ley de esta medida, que fue aprobado el lunes en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, también permitirá al Gobierno adquirir títulos de entidades financieras para recapitalizarlas si fuera necesario. Al respecto, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, aclaró ayer que esta segunda medida es "preventiva" y tiene carácter "excepcional", ya que, subrayó, el sistema financiero español no la necesita de momento. Los avales se harán sobre operaciones que lleven a cabo entidades de crédito residentes en España, entre las que se encuentran las emisiones de pagarés, los bonos y las obligaciones, con un plazo máximo de 5 años. Además, se podrán extender a otros instrumentos como depósitos interbancarios. El Ministerio de Economía y Hacienda será el encargado de otorgarlos y lo hará teniendo en cuenta unos requisitos en los que podrían incluirse propuestas de solvencia del Banco de España, así como calificaciones crediticias de las entidades o indicadores de mercado, aunque el Departamento aún tiene que hacer una valoración precisa.