Uribe expulsa del Ejército a 27 militares por encubrir asesinatos de civiles

El Gobierno colombiano ha separado del servicio a tres generales y a otros 24 oficiales y suboficiales de unas unidades militares implicadas en una serie de desapariciones de civiles que fueron asesinados y declarados "muertos en combate". La purga es la más grande en la historia reciente de las Fuerzas Armadas de este país, en el que en la década pasada, durante el Gobierno del ahora ex presidente liberal Ernesto Samper (1994-1998), fueron destituidos decenas de efectivos con nexos con paramilitares. "No podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes con la cobardía para enfrentar a los delincuentes, y la distorsión de eficacia asesinando víctimas inocentes", afirmó el presidente Álvaro Uribe en la sede del Ejecutivo en Bogotá. Uribe compareció ante la prensa junto al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León, para anunciar "unas drásticas decisiones" administrativas sobre los implicados. Las medidas se basaron en conclusiones de una investigación sobre la desaparición, a comienzos de este año, de una veintena de jóvenes de Soacha, localidad al sur de la capital colombiana, y el posterior hallazgo de sus restos mortales. Todos quedaron registrados como "muertos en combate" en los cementerios del noreste del país en las que fueron sepultados, como lo establecieron las investigaciones judiciales. Un comité conformado el pasado 3 de octubre por el general Padilla asumió las investigaciones del caso, que el pasado domingo entregó sus resultados. El titular de Defensa dijo que este proceso administrativo es uno de los varios que se han derivado o se derivarán del caso, que en la parte penal compete a la fiscalía y en la disciplinaria a la procuraduría. La comisión encontró "que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos, y que hay fallas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia", afirmó Uribe, e indicó que también se estableció que en algunas instancias del Ejército "ha habido negligencia y falta de cuidado en los procedimientos que tienen que observarse" en las acciones militares. Es una situación, denunció luego, que "ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército". Son crímenes que en algunas regiones, señaló Uribe, "tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando en esa región a los criminales, cuando son los verdaderos criminales los asociados con el Ejército para cometer esos crímenes". El jefe del Estado hizo alusión a Norte de Santander (departamento de la frontera noreste con Venezuela), que acoge las unidades militares de la purga masiva, que en principio se informó de que alcanzaba a 25 efectivos. El grupo de removidos lo encabezan el mayor general Roberto Pico Hernández y los brigadieres generales José Joaquín Cortés y Paulino Coronado, que ejercían como comandantes de la VII y la II División del Ejército Nacional, y la Brigada XXX. Los tres tenían de 33 a 36 años de trayectoria castrense. Tras ellos están otros 17 oficiales -cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, cuatro mayores, un capitán y un teniente-, además de siete suboficiales -tres sargentos viceprimeros, tres sargentos segundos y un cabo tercero. Unos fueron llamados a calificar servicios, como se conoce en el país el paso a retiro, y otros separados discrecionalmente, es decir, destituidos por la facultad que tienen los superiores de hacerlo sin ofrecer explicaciones. Los "falsos positivos" es el nombre que se le da a los casos como el de los desaparecidos de Soacha, que son de ejecuciones extrajudiciales. En el país se han presentado 535 ejecuciones de este tipo del 1 de enero de 2007 al 1 de julio de 2008, según una misión de estudio conformada por juristas de ocho países de América y Europa que se ocupó de este problema en Colombia.