El nuevo sistema de financiación autonómica permitirá a las comunidades depender
menos del Estado, contará con fondos de convergencia para compensar a las más
débiles y tendrá nuevos criterios de ajuste de la población, además de cumplir
con todos los estatutos de autonomía.
Así lo ha anunciado en rueda de
prensa el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, quien ha
avanzado las líneas generales de la propuesta de reforma del sistema de
financiación autonómica, que el Gobierno ha remitido ya a todas las
comunidades.
Según Solbes, el documento aún no está cerrado y puede sufrir
modificaciones una vez que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero,
finalice la ronda de contactos con los presidentes autonómicos, paso previo a la
convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se espera
sea antes de que finalice enero.
El modelo garantiza igual financiación por
habitante para los servicios públicos fundamentales, tiene en cuenta la
población como criterio fundamental de reparto de recursos y aumenta la
autonomía y corresponsabilidad fiscal de las autonomías.
El vicepresidente ha
detallado los ejes sobre los que girará el nuevo sistema: el incremento de la
equidad y la suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias
transferidas y el refuerzo de las prestaciones del Estado del bienestar.
A
estos ejes hay que sumar la mejora de la estabilidad del sistema y su capacidad
de ajuste a las necesidades de los ciudadanos, así como el aumento de la
autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal de las CCAA.
Esta mayor
autonomía, según ha explicado Solbes, hará que las comunidades dependan menos
del Estado, lo cual se logrará a través de una mayor cesión de impuestos: el 50%
del IRPF y el IVA y el 58% de los impuestos especiales (en la propuesta de julio
este porcentaje era del 50%).
Estos nuevos porcentajes ya figuraban en el
Estatuto de Autonomía de Cataluña.
En el sistema anterior el 70 por ciento de
todos los recursos de las CCAA provenían de los impuestos cedidos parcial o
totalmente del Estado, en el actual este porcentaje se elevaría al 90 por
ciento.
Además, las comunidades tendrán mayor capacidad normativa, con la
posibilidad de ampliar las competencias en el IRPF y podrán contar con más
competencias en IVA e impuestos especiales.
Para cubrir sus necesidades de
gasto, los gobiernos regionales dispondrán, además de los ingresos tributarios
autonómicos, de recursos procedentes del Fondo de Garantía de los Servicios
Públicos Fundamentales, del Fondo de Suficiencia Global -que financia el resto
de las competencias transferidas- y de los nuevos Fondos de Convergencia
autonómica.
Los nuevos fondos de Convergencia, que inyectarán recursos
adicionales, se dividen en un fondo de Competitividad, para reducir las
diferencias per cápita e incentivar la capacidad y esfuerzo fiscal de las
comunidades y en un fondo de Cooperación, cuyos recursos se distribuirán entre
las regiones de menor riqueza.
Según ha explicado Solbes, las comunidades
autónomas dispondrán de más recursos adicionales -que se distribuirán en tres
años-, y el Estado de menos, lo cual "puede tener" influencia en el déficit
público.
El vicepresidente ha eludido adelantar qué porcentaje de recursos
ocupan los servicios básicos en el nuevo modelo al señalar: "Esa es una buena
pregunta pero no corresponde hoy la respuesta".
En cuanto a los criterios de
ajuste de la población, que también sufren modificaciones, Solbes ha apuntado
que se tendrá en cuenta la población, la dispersión, la insularidad y la
población mayor de 65 años.
Asimismo se atenderá a la población sanitaria
protegida y la población menor de 18 años, reivindicaciones planteadas por
algunas CCAA.
El vicepresidente ha señalado que espera alcanzar el "máximo
consenso" posible para sacar adelante el nuevo modelo y ha afirmado que el
Estatuto catalán ha servido "de palanca" para la reforma del sistema actual,
cuyas carencias ha recordado.