La Fiscalía y el Gobierno, éste a través de la Abogacía del Estado, impugnarán esta semana las candidaturas que Askatasuna y Demokrazia 3 Milioi (D3M) han presentado a las elecciones vascas del 1 de marzo por considerar que con ellas ETA trata de mantener su presencia en las instituciones.
Así lo han confirmado fuentes del Ministerio Público y del Ejecutivo, que consideran que la anulación de las listas de D3M no presenta problemas dados los vínculos de muchos de sus candidatos con la ilegalizada Batasuna, pero que admiten que ha sido más difícil tratar de probar la relación de Askatasuna con esa formación o directamente con ETA.
Y es que, según han informado fuentes de la investigación, las primeras pesquisas de las Fuerzas de Seguridad sobre los nombres que figuran en las listas de este partido sólo han servido para confirmar que, como se sospechaba, las actividades más "significadas" de los candidatos de Askatasuna no van más allá de visitas a presos etarras o de firmas de proclamas independentistas.
Por eso, y ante el convencimiento de que ésta es la "marca blanca" con la que ETA pretende esta vez dar continuidad a su presencia en las instituciones, la investigación se ha orientado a tratar de probar que, aun con candidatos "limpios", es el propio partido el que está "contaminado".
Para ello, la Policía y la Guardia Civil han reunido lo que fuentes del Gobierno describen como un auténtico "relato de indicios" continuado en el tiempo, que arranca desde la creación del partido en 1998 y que demuestra la utilización de esta formación por parte de la banda terrorista.
Entre esos indicios figuran los estatutos del partido, que han resultado ser una copia casi exacta de los de Euskal Herritarrok, la denominación que adoptó Herri Batasuna en 1998, coincidiendo con la inscripción de Askatasuna en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.
La coincidencia temporal y la similitud de los estatutos avalaría la tesis, sostenida entre otros por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en uno de sus últimos autos, de que Askatasuna ya era entonces una "marca blanca" de la que ETA echaría mano ante una eventual ilegalización de Herri Batasuna.
Según el Ejecutivo, a estos indicios hay que sumar muchos otros, como las reuniones y los contactos mantenidos por los dirigentes del partido con otros representantes de la izquierda abertzale, las declaraciones públicas efectuadas por unos y otros e incluso el "marco" en el que se realizaron esas manifestaciones.
El Gobierno considera, además, que ese "relato de indicios" responde a los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, y muy especialmente en los que este último expresaba esta misma semana en la sentencia que avalaba la ilegalización de ANV.
La resolución afirma, por ejemplo, que las "declaraciones de principio" que puedan recoger los estatutos de un partido respecto del repudio de la violencia deben ser examinadas a la luz del comportamiento y de las declaraciones de sus dirigentes a lo largo del tiempo.
El Constitucional también dice que la "genérica condena" de la violación de los Derechos Humanos, a la que suele recurrir la izquierda abertzale tras cada atentado, no sirve de contrapeso ante la "inexistencia" de una condena expresa del terrorismo.
En el caso de D3M, las cosas están mucho más claras, ya que la mayoría de sus candidatos también lo fueron de otras formaciones ilegalizadas, incluida la "número uno" por Álava, Amparo Lasheras, detenida por orden de Garzón en la última operación contra Batasuna y que ya figuraba en las listas de HB en 1990.
Dado el distinto carácter de Askatasuna -partido político legal, que ya concurrió a los comicios vascos de 2001- y D3M -agrupación electoral de nueva creación-, las vías para impedir su presencia en las elecciones son distintas.
En el caso de D3M, fuentes de la Fiscalía han informado de que se interpondrá un recurso contencioso-electoral ante la sala del 61 del Tribunal Supremo para que anule las listas.
Respecto de Askatasuna, se presentará también un recurso electoral, pero mediante un incidente de ejecución de las sentencias en las que el Alto Tribunal ilegalizó HB-EH-Batasuna y posteriormente el EHAK-PCTV y ANV, con el argumento de que el partido que ahora quiere concurrir a los comicios es heredero de los anteriores.
Las fuentes consultadas han destacado que las vías elegidas son "las más rápidas", pero también "las más garantistas", porque permitirán evitar la presencia de Askatasuna y D3M en las urnas con una sentencia firme.