El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado en
libertad sin medidas cautelares a los diez últimos imputados en el
llamado "caso Gürtel" a los que ha tomado declaración entre hoy y la
semana pasada acusados de los delitos de cohecho, fraude fiscal,
blanqueo y tráfico de influencias.
Según fuentes jurídicas, Garzón
no ha adoptado ningún tipo de medida contra estas diez personas, que
han elevado a 55 el número de imputados, al no haberlo pedido las
fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell, con lo que
continúan siendo sólo tres los imputados en prisión, el presunto líder
de la trama de corrupción Francisco Correa y sus colaboradores Antoine
Sánchez y Pablo Crespo.
Tras tomar declaración a estos últimos
imputados, el juez está ahora a la espera de que la Fiscalía
Anticorrupción le conteste si cabe su inhibición en favor del Tribunal
Supremo (TS) al haber hallado indicios contra parlamentarios nacionales
o eurodiputados. Según fuentes jurídicas, Garzón ha vuelto a
formular esta pregunta a la Fiscalía después de que ésta en dos
ocasiones se opusiera a la inhibición al TS por estimar insuficientes
que los indicios contra los aforados que han aparecido en la
investigación, entre ellos el eurodiputado Gerardo Galeote.
El
magistrado amplió las imputaciones en este caso en un auto notificado
el día 17, pero que no se conoció hasta el pasado viernes, y aunque en
él figuraban once personas, una de ellas, Tomás Martín Morales, ya
había sido imputado anteriormente por el magistrado, y por esta causa
dimitió el pasado día 6 como director general del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte y como vicepresidente de la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda (EMSV).
Los nuevos imputados son Alicia Mingues
Chacón, José Luis Díez Berrerdo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León
Cebrero, Francisco Jurado, Verónica Castañé, Cristina Colmán González,
Luis Agramont, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso.
Algunos de estos
nuevos imputados están supuestamente relacionados con los negocios del
ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González
Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de
corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de
España
Garzón prosigue así con la instrucción de esta causa a la
espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y
Valencia decidan si la asumen después de que el magistrado se inhibiera
en su favor al haber hallado indicios contra aforados regionales como
el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.
De
hecho, la semana pasada el juez inició los trámites para decretar la
administración judicial de doce empresas intervenidas a esta presunta
trama de corrupción vinculada a cargos del PP.