JUICIO POR GENOCIDIO
El jefe torturador del Jemer Rojo pide perdón a las víctimas
El torturador jefe del régimen del Jemer Rojo, Kaing Guek Eav, alias
Duch, pidió perdón y aceptó la responsabilidad por la tortura y
muerte de miles de personas en Camboya, ante el tribunal auspiciado por
la ONU que le juzga por genocidio y crímenes contra la humanidad. "Reconozco
mi responsabilidad en los crímenes cometidos. Me gustaría expresar mi
arrepentimiento y mi pena más sincera", dijo el director de la antigua
prisión Tuol Sleng de Phnom Penh. Por ella pasaron unas 14.000
personas para ser interrogadas, torturadas y ejecutadas entre los muros
del recinto o en el campo de exterminio de Choeung Ek, a unos 15
kilómetros de la capital.
"Espero que me permitan pedir perdón a los
supervivientes del régimen y a los seres queridos de aquellos que
murieron brutalmente", aseveró Duch a los tres jueces camboyanos y dos
extranjeros que presidían la vista. "Mis crímenes, la muerte de
niños y mujeres, no pueden ser tolerados. No pido que me perdonen ahora
pero me gustaría que abrieran la puerta para que me perdonen en el
futuro", solicitó el acusado, de 66 años.
Duch admitió que el
recuerdo de todo lo que pasó todavía le atormenta, pero en su descargo
aseguró que se limitó a cumplir órdenes. "Jamás me atreví ni a
pensar en desafiar las órdenes de los dirigentes", añadió este antiguo
profesor de matemáticas antes de ofrecer toda su colaboración al
tribunal.
Su abogado camboyano, Kar Savuth, cuestionó la
jurisdicción de la corte para enjuiciar a su cliente porque no formó
parte de la cúpula del Jemer Rojo y criticó que no haya más imputados
cuando el régimen del Jemer Rojo tuvo 196 centros como el S-21.
El
tribunal internacional organizado por la ONU y Camboya es para juzgar a
los máximos dirigentes del Jemer Rojo por sus crímenes.
Duch es el
jemer rojo de menor rango juzgado en este tribunal y el único de los
cinco imputados que ha reconocido su participación en el holocausto.
Los
otros acusados son Nuon Chea, el ideólogo del régimen y mano derecha
del fallecido Pol Pot; Khieu Samphan, presidente de la Kampuchea
Democrática; Ieng Sary, ministro de Asuntos Exteriores; y la esposa del
anterior, Ieng Thirith, ministra de Asuntos Sociales.
La acusación
pública invirtió su intervención en demostrar la posición relevante de
Duch en la estructura del Jemer Rojo y la autonomía de que gozó como
director del S-21. Presentó de manera ilustrada varios documentos
para probar que Duch ordenó a sus subordinados que torturasen en sus
interrogatorios, que mandaba ejecuciones y que incluso sugería más
detenciones.
"Hoy en esta sala de vistas, ante la gente de Camboya y
de otras partes de mundo, el proceso que hemos iniciado va hacer
justicia. La Historia lo exige", dijo el camboyano Chea Leang, uno de
los dos fiscales encargados del caso Duch, el otro es el extranjero
Robert Petit.
Duch también dirigió los centros M-13 y M-99, situadas
en la jungla del noroeste de Camboya y alejadas del frente, durante la
guerra que precedió a la victoria del grupo maoísta, en abril de 1975.
Los investigadores creen que unos 20.000 camboyanos fallecieron durante su cautiverio en esas dos prisiones. "Durante
treinta años, un millón y medio de víctimas del Jemer Rojo han pedido
justicia por su sufrimiento. Durante treinta años, los supervivientes
de la Kampuchea Democrática han aguardado responsabilidades. Durante
treinta años, una generación de camboyanos ha buscado respuestas",
relató el fiscal.
Entre el público que entró en la sala para
presenciar la vista había decenas de víctimas, incluidas sesenta que
participarán como testigos de la acusación particular.
"Un
superviviente de Tuol Sleng se ha enfurecido cuando vio a Duch y solo
quería que le condenen, pero otros me contaron que sentían compasión
por él", explicó Judith Strasser, quien se encarga de prestar atención
psicóloga a las víctimas.
La sesión concluyó con la decisión de los jueces de admitir las intervenciones de las víctimas. "Las
víctimas y sus historias serán escuchadas, y esto es lo más relevante
de este proceso ", manifestó a la salida el letrado Petit.