JUICO DEL YAK-42
Un general declara que Defensa decidió oficiar el funeral sin saber detalles sobre las identificaciones
El funeral por los militares muertos en el accidente del Yak se
decidió en Defensa, en una reunión presidida por Federico Trillo, sin
conocer detalles sobre la identificación de los cadáveres, ha dicho el
ex jefe de Estado Mayor del Ejército, Luis Alejandre, ante el tribunal.
La
declaración como testigo del general Alejandre, máximo responsable del
Ejército de Tierra cuando ocurrió el siniestro, ha protagonizado la
sexta jornada del juicio que sigue la Audiencia Nacional contra tres
altos mandos por la errónea identificación de 30 de los 62 militares
fallecidos en el accidente aéreo del Yak-42, ocurrido en Turquía el 26
de mayo de 2003.
Alejandre, actualmente retirado, ha asegurado que
"quien toma la decisión (de fijar la fecha y hora del funeral de
Estado) estaba convencido de que todos los cadáveres iban a estar
identificados" cuando llegaran a España y ha agregado que esa decisión
no dependía sólo del Consejo de Dirección de Defensa, sino "también de
Presidencia del Gobierno y Casa Real". Se decidió oficiar el funeral
de Estado el 28 de mayo en la reunión del Consejo de Dirección del 27
de mayo, tras volver el ministro Trillo de Turquía, ha especificado
Alejandre.
Sin embargo Alejandre ha asegurado que en ese momento se
decidió "sin saber si todos los cadáveres de los fallecidos estaban
identificados".
En este sentido ha negado que antes del funeral de
Estado aconsejara demorar los entierros, tal y como declaró ayer el
general Félix Sanz, jefe de Estado Mayor de la Defensa en época de José
Bono.
A lo largo de su declaración, en la que familiares de los
militares fallecidos presentes en la sala le llamaron en varias
ocasiones "mentiroso", Alejandre ha afirmado que entre el 3 y el 8 de
marzo de 2004, casi un año después de la tragedia, se enteró primera
vez que podía haber errores en las identificaciones. Me enteré por la
prensa".
Por su parte, el tribunal ha rechazado la petición del
fiscal para que declarara como testigo el ex secretario general de
Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte, número tres de Trillo. El
juez Javier Gómez Bermúdez ha indicado que la citación de Jiménez
Ugarte no es necesaria porque durante el juicio no ha habido ningún
dato o elemento distinto a los aportados en la fase de instrucción en
la que ya se rechazó esta petición.
El tribunal también ha rechazado
que testifiquen en la vista oral el fiscal general de Trebisonda cuando
ocurrieron los hechos, Burham Cobanoglu, y el director del instituto
forense de Estambul, Keramettin Kurt, así como los cuatro médicos y
biólogos que intervinieron como patólogos con los cadáveres.
El
juicio se reanudará el próximo 15 de abril con la declaración como
testigos de dos médicos turcos que participaron en las autopsias de los
fallecidos y de un miembro del instituto de toxicología de Estambul,
encargado del cotejo de pruebas de ADN. Se trata de los médicos
turcos Mustafa Gündüz y Bülent Sabrán, que participaron en las
autopsias de los cadáveres del Yak-42, y la empleada del Instituto de
Toxicología de Estambul (Turquía) Fátima Mukaddes, quienes no pudieron
declarar el pasado lunes en el juicio, como estaba previsto, por
problemas técnicos.
Con estas declaraciones concluirá la prueba
testifical del juicio y el tribunal ha previsto que los días 20, 21 y
22 de abril se habiliten para la prueba documental y la presentación de
informes definitivos.
En la sesión de esta mañana también han
declarado cuatro trabajadores de la empresa funeraria contratada por
Defensa para sellar los féretros de los soldados fallecidos, quienes
han asegurado que los militares turcos les entregaban los ataúdes con
un papel con el nombre y el rango de la víctima escrito en español.
Estos
empleados, que fueron enviados a Turquía para sellar las cajas antes de
su traslado a España, han explicado que fueron trasladados a una
"especie de muelle", donde los militares turcos se encargaban de
introducir las bolsas con los restos en los ataúdes, que les entregaban
cerrados y con un folio pegado con cinta adhesiva en el que figuraba el
nombre y apellidos del fallecido y su rango militar en español. Los
trabajadores han manifestado no tener constancia de quién era la
persona encargada de colocar esa identificación en el ataúd, ni tampoco
del momento en el que el papel era pegado en la caja.