REFORMA
Caamaño defiende la oportunidad de la reforma de la ley del aborto por la seguridad jurídica
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha defendido la oportunidad de
la reforma de la ley del aborto porque la actual regulación, ha dicho, no ofrece
condiciones de seguridad jurídica tanto a las mujeres que interrumpen su
embarazo como a los profesionales de la medicina.
En un desayuno informativo
organizado por Europa Press, Caamaño ha afirmado que la actual ley reguladora de
la interrupción del embarazo tiene "importantes vacíos de los que todos somos
conscientes". Sobre la posibilidad de que una joven de 16 años pueda abortar
sin el consentimiento o el conocimiento de sus padres, el ministro de Justicia
ha señalado que "todos debemos ser conscientes de que una mujer de 16 años hoy
puede contraer matrimonio y decidir ser madre y puede, entre otras muchas cosas,
con su solo consentimiento, permitir una operación a corazón abierto".
"Si
puede hacer todas estas cosas debemos reflexionar también si debe o no hacer las
otras", ha indicado Caamaño, quien ha dicho que el Gobierno estará atento al
resultado de la reflexión que ha despertado esta posibilidad.
El titular de
Justicia ha asegurado desconocer las "razones reales" que han movido al
presidente del PP, Mariano Rajoy, a anunciar un recurso ante el Tribunal
Constitucional (TC) si la ley de reforma del aborto sale adelante, cuando
desconoce su literalidad. "El presidente del PP ve muchas cosas
inconstitucionales cuando está en la oposición y, sin embargo, cuando está en el
Gobierno le parece que todas por el contrario son constitucionales", ha
señalado. Además, el titular de Justicia no cree que la utilización de los
recursos "tenga que ver muchas veces con la realidad jurídica de los problemas
debatidos".
A la hora de elaborar esta norma, ha recalcado Caamaño, tanto el
Gobierno como el legislador tienen que estar atentos a recoger la doctrina del
TC sobre la objeción de conciencia de los profesionales de la
medicina.
También, ha explicado, debe tenerse en cuenta la doctrina que el
Tribunal Supremo estableció sobre la objeción de conciencia cuando estudió los
recurso sobre la Educación para la Ciudadanía.