La nueva responsable de Economía, Elena Salgado, asume desde hoy el reto más
peliagudo del Ejecutivo de Zapatero, el de afrontar la peor crisis de la
democracia y buscar fórmulas para paliar sus efectos, especialmente el de la
fuerte subida del paro y los problemas del sistema financiero.
Unos deberes a corto plazo que habrá de combinar con
otro no menos relevante que le deja Pedro Solbes, el de trabajar por un modelo de crecimiento que a la larga sea más
equilibrado y haga mejorar la productividad y la competitividad de España.
Desde el Gobierno, el propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha
reiterado en numerosas ocasiones que su principal preocupación ante esta crisis
es el aumento del desempleo, que hasta marzo ha situado la cifra de parados en
3,6 millones, que podrían llegar a 4 según los analistas. Además, España se enfrenta a una recesión que será más larga de lo previsto y
que continuará en 2010 como así lo ha estimado el Banco de España y lo admite
como posible Solbes.
A este declive se unirá otro problema para Salgado: el fuerte aumento del
déficit público, que el Banco de España sitúa en el 8 por ciento del PIB este
año y el que viene y que puede aumentar si se deciden nuevas inyecciones para
impulsar la economía.
La nueva vicepresidenta segunda se encontrará ya en marcha el Plan Español
para el Estímulo de la Economía y el Empleo, conocido como Plan E, que engloba
las medidas tomadas ante la crisis en torno a cuatro ejes: apoyo a las empresas
y las familias, fomento del empleo, medidas financieras y presupuestarias y
modernización de la economía.
Salgado ya tiene experiencia en este tipo de gestión. No en vano, Zapatero
encargó a su departamento el desarrollo del Fondo Estatal de Inversión Local,
aprobado para financiar obras en los ayuntamientos y dar trabajo a los parados
de la construcción.
El pasado miércoles la todavía titular de Administraciones Públicas aseguró
que este fondo acabará dando empleo a más de 400.000 personas, entre puestos
directos e indirectos.
La situación de las cajas y de los bancos y su exposición a los denominados
activos tóxicos constituyen otro quebradero de cabeza para la nueva
ministra. Con la intervención de Caja Castilla-La Mancha, la única que hasta la fecha
ha sido necesaria en España, ha aumentado el temor a que se produzcan otras,
aunque el presidente del Gobierno ha asegurado que serán "limitadas" y
"perfectamente abordables" por el Banco de España.
Zapatero ha insistido en cualquier caso en que el sistema financiero español
sigue siendo "fuerte y sólido", y Salgado deberá lidiar con bancos y cajas para
que mejore el acceso al crédito a empresas y familias, un problema que permanece
a pesar de las medidas de apoyo al sector.
Otro aspecto que deberá encarar Salgado es la trasposición de la Directiva
Europea de Servicios, la mayor reforma legal de esta legislatura, que ayudará a
liberalizar el sector con más peso en la economía española -el 66 por ciento del
PIB- y con el que el Gobierno espera que se creen en tres años hasta 200.000
puestos de trabajo y que el crecimiento aumente en 1,2 puntos. Asimismo, queda pendiente el acuerdo sobre financiación autonómica, del que
Solbes ya asumió que las cifras finales posiblemente dejen a todos
"razonablemente incómodos".