El fiscal mantiene la petición de 5 años de cárcel para los militares acusados
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido su petición de entre 5 y 4
años y medio de cárcel para los tres mandos militares que supuestamente
identificaron erróneamente 30 de los 62 cadáveres de los militares fallecidos en
el accidente del Yak-42 en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.
El
teniente fiscal Fernando Burgos ha elevado a definitiva su petición ante el juez
de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que lleva la vista oral que hoy
se ha reanudado con la declaración de dos forenses turcos.
En su escrito, el
fiscal pide 5 años de cárcel para el general de Sanidad Vicente Navarro y 4 años
y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez
por un delito continuado de falsedad documental.
Además de la pena de cárcel,
el fiscal solicita también una multa y una pena de inhabilitación especial para
cada uno de los tres acusados: de 30.000 euros y 5 años para Navarro y de 24.000
euros y 4 años y medio para Ramírez y Sáez.
Burgos también reclama
indemnizaciones por daños morales de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges,
hijos y padres de los 30 militares cuyos cuerpos no se identificaron
correctamente, una cantidad que de no poder asumirla los acusados deberá abonar
el Estado en concepto de responsable civil subsidiario. Como únicas novedades
de su escrito, la fiscalía hace una descripción mas detallada y mantiene
calificación jurídica. Además incluye en el apartado de responsabilidad civil a
la aseguradora Zurich España.
En su escrito de acusación, el fiscal acusa a
Navarro de elaborar la lista con los militares muertos y "rellenar" de forma
arbitraria y "caprichosa" los treinta espacios en blanco que había en esa
relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las
autoridades turcas no pudieron identificar.
A Ramírez y a Sáez el teniente
fiscal les responsabiliza de hacer un informe de necropsia con 30
identificaciones realizadas de forma aleatoria. Por su parte, la Asociación
de familiares de víctimas del Yak también ha elevado a definitivas sus
peticiones, en las que reclaman seis años de cárcel para los tres
acusados.
El juez Gómez Bermúdez ha reanudado la sesión de la tarde, tras la
declaración de dos forenses turcos por la mañana, con la aceptación de las
pruebas documentales, que todas las partes dieron por reproducidas.
Entre
ellas figuran certificados de defunciones, pólizas e informes de autopsias,
entre otros documentos. Con esta cuestión ha finalizado la sesión de hoy y el
juez Bermúdez ha anunciado que proseguirá el próximo lunes con los informes del
ministerio fiscal. Se prevé que el juicio concluya el próximo martes.