JUICIO
El ex alcalde de A Guarda reconoce que justificó obras con facturas falsas para no perder las subvenciones concedidas
El ex-alcalde del PP en el concello pontevedrés de A Guarda, José Luis Alonso Riego, reconoció haber justificado con facturas falsas unas obras realizadas en el municipio para no perder las subvenciones concedidas por la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, pero reiteró su inocencia, porque asegura que no se quedó con el dinero.
Durante el juicio que se celebró en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, José Luis Alonso Riego, para el que Fiscalía solicita cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de falsedad documental, reconoció que en 2005, solicitó y cobró subvenciones de la Xunta y la Diputación por un valor conjunto de 23.000 euros.
Esas subvenciones estaban destinadas a obras de mantenimiento y reforma de la casa consistorial y del conservatorio municipal "que estaban en un estado lamentable", y reconoció que solicitó a la empresa que ejecutaba los trabajos que le enviase las facturas con el coste total de los trabajos, a pesar de que no habían sido finalizados, con el objetivo de justificar ante ambas administraciones las obras y no perder las subvenciones. "Las obras sí se habían iniciado, aunque no estaban concluidas en el momento en el que lo exigían las administraciones para otorgar la subvención", afirmó el ex-alcalde, quien afirmó que no se pudieron concluir a tiempo para justificar la subvención "porque, contrariamente a lo que pasa ahora, en aquel momento en la construcción había mucho trabajo" y las obras comenzaron con retraso.
Sin embargo, en el juicio la interventora municipal aseguró que en el momento que se emitieron las facturas "las obras no estaban ni iniciadas", lo que provocó que José Manuel Domínguez (PSOE), entonces concejal y ahora alcalde, denunciase el caso ante la Fiscalía, aunque hoy matizó que el dinero de las subvenciones está todavía en el ayuntamiento guardés, pero las facturas siguen sin pagarse.
También está imputado en este caso el entonces concejal de Cultura, Celso Juan Rodríguez Fariñas, que fue el que le dio el visto bueno a las facturas, aunque hoy se acogió a su derecho de no declarar ni responder a ninguna pregunta ni de Fiscalía, ni de su propio abogado.
En el juicio, que quedó visto para sentencia, la Fiscalía decidió mantener la petición de cuatro años de prisión para el ex-alcalde y para el ex-concejal de Cultura, C.J.R.F., y once y tres años de inhabilitación para trabajo o cargo público, mientras que la defensa solicitó la libre absolución de ambos.
Esas subvenciones estaban destinadas a obras de mantenimiento y reforma de la casa consistorial y del conservatorio municipal "que estaban en un estado lamentable", y reconoció que solicitó a la empresa que ejecutaba los trabajos que le enviase las facturas con el coste total de los trabajos, a pesar de que no habían sido finalizados, con el objetivo de justificar ante ambas administraciones las obras y no perder las subvenciones. "Las obras sí se habían iniciado, aunque no estaban concluidas en el momento en el que lo exigían las administraciones para otorgar la subvención", afirmó el ex-alcalde, quien afirmó que no se pudieron concluir a tiempo para justificar la subvención "porque, contrariamente a lo que pasa ahora, en aquel momento en la construcción había mucho trabajo" y las obras comenzaron con retraso.
Sin embargo, en el juicio la interventora municipal aseguró que en el momento que se emitieron las facturas "las obras no estaban ni iniciadas", lo que provocó que José Manuel Domínguez (PSOE), entonces concejal y ahora alcalde, denunciase el caso ante la Fiscalía, aunque hoy matizó que el dinero de las subvenciones está todavía en el ayuntamiento guardés, pero las facturas siguen sin pagarse.
También está imputado en este caso el entonces concejal de Cultura, Celso Juan Rodríguez Fariñas, que fue el que le dio el visto bueno a las facturas, aunque hoy se acogió a su derecho de no declarar ni responder a ninguna pregunta ni de Fiscalía, ni de su propio abogado.
En el juicio, que quedó visto para sentencia, la Fiscalía decidió mantener la petición de cuatro años de prisión para el ex-alcalde y para el ex-concejal de Cultura, C.J.R.F., y once y tres años de inhabilitación para trabajo o cargo público, mientras que la defensa solicitó la libre absolución de ambos.