JUICIO
Expulsan de la sala a un etarra por entonar el "Eusko Gudariak" en el juico contra "Txapote"
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 38 años de prisión para el ex
dirigente de ETA Francisco Javier García Gaztelu, "Txapote", por el intento de
asesinato de una edil del PP en San Sebastián, en un juicio en el que otro
etarra ha tenido que ser reducido por la Policía.
El incidente se ha
producido cuando el miembro de la banda Sebastián Lasa, tras increpar en euskera
al tribunal, tachándolo de fascista, ha comenzado a intercambiar gestos de apoyo
con "Txapote", que seguía la vista desde la "pecera" blindada, por lo que el
presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, ha amenazado con
expulsarle de la sala.
En ese momento, Lasa -que comparecía como testigo- ha
comenzado a cantar el "Eusko Gudariak" ("Himno al soldado vasco"), por lo que el
juez ha ordenado a los policías que le custodiaban que le taparan la boca y le
sentaran. Al intentarlo los agentes, Lasa se ha resistido por lo que los
policías le han sacado por la fuerza de la sala, entre los gritos y palmadas en
el cristal de "Txapote".
En la vista, en la que se juzga el intento de
asesinato de la concejal del PP en San Sebatián Elena Azpiroz, ha comparecido la
propia edil, que ha relatado cómo en la mañana del 5 de diciembre de 2007 vio
desde su ventana a alguien que le infundió sospechas, por lo que pidió a su
escolta, José María Lobato, que se acercara a ver qué pasaba.
El propio
Lobato ha declarado a su vez que, cuando se acercó al coche que les resultaba
sospechoso, supo que "no se trataba de trabajadores" al ver en el suelo una caja
que "podía contener un arma larga", y decidió "no empezar un enfrentamiento en
el que llevaba las de perder". Sin embargo, cuando continuó avanzando recibió
un disparo a consecuencia del cual perdió la visión del ojo izquierdo.
Por
estos hechos, el fiscal ha pedido para "Txapote" 38 años de prisión por dos
delitos de asesinato en grado de tentativa, además de transporte y colocación de
artefactos explosivos, ya que en principio los etarras planeaban atentar contra
la edil mediante un artefacto colocado en una motocicleta estacionada a la
salida de su domicilio.
Fue cuando las pruebas realizadas con el explosivo
"no dieron el resultado apetecido" cuando, según el fiscal, los terroristas
decidieron que un miembro del comando disparara con un rifle de mira telescópica
contra Azpiroz cuando saliera de su casa.
Después de disparar al escolta, los
etarras huyeron dejando abandonado el coche en el que se encontraban con un
artefacto en su interior que, al explotar, destruyó completamente el vehículo,
causando importantes daños en viviendas y establecimientos de la zona.
En la
vista también han comparecido como testigos otros tres miembros de ETA -Alfonso
Sebastián Iriarte, María Cristina Gete y José María Lombide-, además de
Sebastián Lasa, que en su día incriminaron al acusado en este atentado en sus
declaraciones.
Todos ellos se han negado a declarar, al igual que el propio
acusado, alegando que las declaraciones en que le imputaban cuando fueron
juzgados por estos hechos las realizaron bajo tortura y amenazas policiales, y
que no estaban obligados a hacerlo por ser coimputados en el mismo
proceso.
El juez ha respondido, sin embargo, que, según la última
jurisprudencia del Tribunal Supremo, los ya condenados por un proceso comparecen
en el juicio como testigos y sí están obligados a declarar, por lo que ha
advertido a los comparecientes que podría abrírseles procedimiento por su
negativa a responder.