La Organización Médica Colegial (OMC) teme que la dispensación en farmacias de la píldora anticonceptiva de emergencia, conocida comúnmente como píldora del día después, suponga una "clara banalización" de su consumo, especialmente entre la población joven.
La OMC destacó que de esta forma no existe una valoración médica y un seguimiento de su seguridad tanto a corto como a largo plazo, para detectar a tiempo cualquier problema médico que pudiera presentarse con el empleo de la píldora poscoital en determinados pacientes.
Según explicaron representantes de la organización, la PAE es un medicamento y, como todo medicamento, no está exento de riesgos, por lo que antes de su administración debe ser el médico quien haga la valoración del beneficio y el riesgo que esta prescripción supondrá para cada paciente en particular.
En este sentido, apuntaron que la anticoncepción de emergencia, como es el caso de este medicamento, no debe usarse como método habitual de anticoncepción, sino sólo como última medida cuando exista riesgo de embarazo no deseado al no haber dispuesto de otros métodos anticonceptivos. Aunque está demostrada su seguridad, siempre es aconsejable extremar las medidas para asegurar un uso correcto del mismo.
OPOSICIÓN DE LA XUNTA
También contraria a la medida se ha mostrado la Consellería de Sanidade. El departamento que dirige Pilar Farjas acusa al Ministerio de Sanidad de generar "una cortina de humo" en vísperas del Debate del Estado de la Nación, con el fin de restar visibilidad a otros temas de mayor importancia.
Al ampliar el acceso a este anticonceptivo, la consellería considera que se "banaliza" la verdadera función de este "medicamento" y que se deja de tener en cuenta la decisión de los profesionales médicos.
La Xunta juzga que lo más "apropiado" es que sea un facultativo el que recete el fármaco, "tal y como se venía haciendo hasta ahora" en la comunidad, donde se subministra la pastilla en los centros de salud y en los de planificación familiar. Según los datos del Sergas, en 2008 se distribuyeron 30.309 paquetes de anticoncepción de emergencia -
-cada uno con dos pastillas-, mientras que en 2007 fueron 31.535, y hace dos años fueron 22.715, de manera que desde 2006 se facilitaron más de 84.000 paquetes.
Sanidade considera que estos datos "ejemplifican" que las gallegas que precisaron de este fármaco "tuvieron facilidad de acceso" a esta prestación, de manera totalmente gratuita y, además, bajo la prescripción y el seguimiento de un médico. Así, el departamento entiende que la medida del Gobierno "é innecesaria", además de suponer "un paso atrás", dado que la ingesta de estas hormonas "no está exenta de riesgos", por lo que insiste en que "debe ser un profesional" el que valore la posible prescripción del medicamento a la paciente.
En esta línea, el departamento que dirige Farjas vaticina que la población podría hacer "un uso indebido" de la pastilla -que costará 20 euros-, recordando que los anticonceptivos de emergencia "no deben usarse" como método habitual para evitar los embarazos no deseados, sino como "último" recurso.
CRÍTICAS
El BNG rechazó el discurso de la consellería, acusando a la Xunta de "sementar dúbidas" a respecto de si las farmacias gallegas dispensarán o no la píldora en las condiciones fijadas por el Ministerio de Sanidad. Las portavoces de Sanidad e Igualdad del Bloque, Ana Luisa Bouza y Ana Pontón, entienden que estas declaraciones "coartan a liberdade individual das galegas" a decidir sobre un método de anticoncepción de emergencia, al echar mano de argumentos científicos "non avalados" por los expertos.
Las diputadas consideran que con este tipo de manifestaciones, el Ejecutivo gallego evidencia "a mentira deste suposto goberno tecnócrata e sen ideoloxía", definido por Feijóo, tachando estas declaraciones de "retrógradas".