SESIÓN DE CONTROL
Feijóo afirma que el expediente abierto contra Hernández es "nulo" y no aporta "indicios" de incompatibilidad
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se sometió a la primera sesión de control en el pleno del Parlamento, y aseguró que el expediente que el bipartito abrió contra el ahora conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, es "nulo" porque "non se lle encargou á Inspección Xeral de Servizos senón ao secretario xeral da Consellería de Presidencia" y además no aporta "indicios" que permitan "iniciar o expediente" que aclare si existió o no incompatibilidad.
Fue el BNG, a través de su portavoz parlamentario, Carlos Aymerich, el que llevó este asunto al pleno, preguntando al presidente gallego cuándo tenía intención de cesar a Hernández, dado que efectuó adjudicaciones siendo director xeral de Obras Públicas a empresas que después -sin haber pasado dos años- lo contrataron, lo que a juicio de los nacionalistas vulnera la Lei de Incompatibilidades.
Para responder a este asunto, Feijóo se sacó de la manga este expediente, cuyo inicio "conleva a nulidade" precisamente porque el órgano al que se le encargó es "incompetente" para efectuar tal encargo. Basándose en esto, Feijóo instó al BNG a no reclamar que "ninguén poda ser sancionado antes de ser xulgado" y, en el caso de Hernández, puso a disposición de la oposición el informe de la asesoría jurídica sobre "as actuacións correctas de Hernández". Eso sí, garantizó que "non vou nomear un conselleiro que despilfarre fondos públicos en visitas culturais" ni que "faga empresas públicas para contratar miles de persoas". Y además, insistió en que si bien en la tarea de gobierno "seguro que nos equivocaremos", sugirió que no se le pida que "condene a unha persoa a sabendas da súa inocencia, porque non o vou facer".
En su defensa del conselleiro, lanzó balones hacia el BNG también en relación con la certificación de obras inacabas que se ha achacado a Hernández, afirmando que el Concello de Pontevedra hizo lo propio con 800.000 euros. "Non traian problemas internos do BNG a esta Cámara", instó el presidente autonómico, quien sugirió a la posición centrarse en las cuestiones que preocupan a los gallegos, alegando que por esto, "cada vez os galegos confían menos en vostedes e máis en nós".
Las prioridades, según el dirigente autonómico, consisten en "remontar a crise e arranxar a coxuntura", porque "cando un goberno se equivoca nas preocupacións dos galegos, perde as eleccións" y, si quien lo hace es la oposición, "segue na oposición". Por ello, argumentó Feijóo, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas tiene por delante "moito traballo", pues debe "solventar o lío de Sogama, falar de verdade de saneamento de rías, paralizar obras innecesarias, aprobar o plan do litoral e as directrices de ordenación territorio", así como "facer un urbanismo transparente e claro".
"FLAGRANTE INCOMPATIBILIDADE"
A juicio de Carlos Aymerich, el asunto de Agustín Hernández supone un caso de "flagrante incompatibilidade" pues además supone una "colisión" entre cargo público e "intereses privados". Esto ocurre, dijo, en una consellería que dispone del "42% do investimento da Xunta" y auguró que la gestión de la inversión irá "en proveito dos seus patrocionadores privados", pues a su juicio Feijóo ha puesto "ao raposo a coidar das galiñas".
Insistiendo en este criterio, Aymerich instó al Gobierno a cumplir su "compromiso de rexeneración da vida pública" y opinó que no es corrector mantener esa "puerta xiratoria empresa-goberno". Es más, comparó lo que ocurre en Galicia con la "destrucción de Irak", para luego entregar la reconstrucción a "empresas do Goberno" de Bush. Un "escándalo", dijo, que por cierto están solucionando en Estados Unidos. En todo caso, admitió que lo que pasa en la comunidad es a una "escala máis pequena".
Además de aludir a las cuestiones que achacan a Agustín Hernández, recordó que la idea de la certificación de obras inacabadas, "práctica común no PPdeG", la ha aplicado también el "gobernador civil en Ourense", el superdelegado Rogelio Martínez, al que una sentenciad e la Audiencia Nacional obliga a la devolución de subvenciones procedentes de fondos europeos por haber "defraudado" estos "fondos públicos".