La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, anunció que se elevará de
6.000 a 18.000 euros el límite exento de la obligación de aportar avales en las
solicitudes de aplazamiento o pago fraccionado de deudas en los tributos cedidos
cuya gestión corresponde a la Agencia Tributaria. Lo señaló en el pleno de la
Cámara en respuesta al diputado del PPdeG Pedro Puy, que se había interesado por
las medidas para inyectar liquidez a las familias y a las pymes. La conselleira
destacó que esta medida supondrá un ahorro financiero medio (tomando como base
una petición de aplazamiento de una deuda de 10.000 euros) de 1.900 euros para
los beneficiarios.
Fernández Currás anunció que había trasladado la decisión a la secretaría
técnica permanente de la comisión mixta de coordinación de gestión tributaria y
subrayó que, si esta medida se hubiese puesto en marcha ya en enero de 2008, el
ahorro sólo en costes financieros sería de casi 300.000 euros.
La medida se aplicará en los impuestos de sucesiones y donaciones,
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y tasa de juego, ya
que son éstos los impuestos en los que la Administración tributaria tiene
capacidad de gestión (según recoge la ley general tributaria, que incluye
también el impuesto de patrimonio, cuya tributación fue suprimida en enero de
2008).
La titular de Facenda señaló que el aplazamiento o fraccionamiento será
automático, y calculó que cubra el 94% del total de las peticiones de
aplazamiento solicitadas, destacando que la medida favorecerá principalmente a
las empresas que puedan tener problemas de liquidez, así como a los autónomos y
a las familias, "sen perder rigor na xestión das débedas da comunidade
autónoma".
REFORMA IRPF
Por otro lado, Fernández Currás también respondió en el pleno a la diputada
del PSdeG María José Caride, que se interesó por la promesa electoral del PPdeG
de reducir el tramo autonómico del Impuesto de la renta sobre las personas
físicas (IRPF). "Día a día vemos anuncios que se desminten", comenzó Caride al
respecto, resaltando que pese a la promesa en campaña ahora el PPdeG se desdice.
"O señor Feijóo está instalado na mentira", acusó.
Frente a la pregunta, la titular de Facenda señaló que la reducción de las
cargas fiscales es un "obxectivo prioritario" para el Gobierno de la Xunta, pero
argumentó que deben actuar "con prudencia e responsabilidade" y, por lo tanto,
es necesario esperar a ver cómo evoluciona la negociación sobre la financiación
autonómica, así como la propia economía. En este punto, indicó que el "estado
das contas galegas é moito peor do que esperabamos". pero señaló que iban a
acometer la reforma en la legislatura, activando así una medida selectiva para
familias con las rentas más bajas, inferiores a 18.000 euros.
FÁBRICA DE ARMAS DE A CORUÑA
El orden del día del pleno incluyó también una pregunta del BNG sobre
el futuro de los empleos de la Fábrica de Armas da Coruña, en la que solicitaban
información sobre las gestiones que tenía previsto llevar a cabo la Xunta con la
empresa General Dynamics y el Ministerio de Defensa para reclamar un plan
industrial viable que garantice la carga de trabajo actual.
Al respecto, el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, señaló
que en el traspaso de poderes no se había incluido el plan industrial existente,
por lo que no harían "anuncios inconscientes" al respecto y esperarían a conocer
dicho proyecto, incidiendo en la necesidad de que se garantice el mantenimiento
de los 214 empleos actuales. Así, señaló que si había un acuerdo unánime del
Parlamento al respecto, aprobado también por el PPdeG, él lo haría.