CIG-Ensino ha presentado un recurso ante la Consellería de Educación en el que se pide la nulidad o que subsidiariamente se deje sin validez la consulta a las familias sobre la utilización de las lenguas en el sistema de enseñanza no universitaria de Galicia, por ser contraria a derecho y "fraudulenta".
Así lo indicó hoy en rueda de prensa el secretario nacional del sindicato docente, Anxo Louzao, quien resaltó que las preguntas que van a formularse constituyen un "cuestionario-trampa" en un contexto de "escarnio e persecución da lingua galega", señaló.
Además de insistir en que, incomprensiblemente, la consulta no incluye a los alumnos de 0 a 3 años ni a los de Bachillerato, refirió que los cuestionarios no plantean la posibilidad de que toda la enseñanza sea en gallego. Este supuesto sólo se produce en el caso de las materias troncales, mientras que el resto se darán en castellano, por lo que afirmó el proceso es "tendencioso", afirmó.
Louzao argumentó que "o veredicto está setenciado de antemán" y dijo estar convencido de si el resultado "no resulta satisfactorio" para la consellería "non terán empacho", afirmó, en manipularlo.
Aludió así mismo a que la consulta se hará "pola vía de urxencia" y sin debate, y advirtió que la enseñanza en gallego no es una decisión que afecte exclusivamente a los padres "senón a toda a sociedade", argumentó. Por ello, al tratarse de una decisión del pueblo gallego, dijo que éste tiene "unha representación soberana" en el Parlamento, que ya fue en su día el que decidió en materia de normalización lingüística.
RECURSO
Los pormenores del recurso fueron explicados en la misma rueda de prensa por el abogado de la CIG Héctor López de Castro, quien recalcó que en todo este proceso se prescinde de una básica metodología científica y técnica jurídica.
Así, señaló que la decisión de realizar la consulta es "sopresiva", al anunciarse el pasado viernes y pretender que está hecha ya el próximo 19 de junio.
Argumentó además que no fueron consultadas las centrales sindicales en la mesa sectorial de Educación ni se informó a los centros.
Tal forma de proceder es para López de Castro "algo insólito", en ausencia de un anuncio oficial, con unos destinatarios de la consulta que no aparecen claramente definidos, ya que pueden ser los padres, las madres o los propios hijos.
De acuerdo con el recurso, el hecho de que las familias con más de un hijo en edad escolar respondan a tantos formularios como hijos tengan introducirá resultados gravemente perturbadores sobre la fiabilidad del estudio. Además, resalta que se desconocen las características técnicas de la consulta, sin informarse de si se seguirá una metodología cuantitativa, cualitativa o mixta.
Otros aspectos denunciados tienen que ver con que la metodología es incompatible con los principios de secreto y transparencia, al ser el alumnado (en su mayoría menor de edad) el encargado de custodiar y transmitir los cuestionarios.
También se considera "inconsecuente" en el recurso atribuir a los centros la función de velar por el correcto desarrollo del proceso. En este sentido, señaló el abogado que cualquier estudio que se haga con finalidad pública tiene que ofrecer unas garantías.
CONTENCIOSO
El caso de que la propia Administración educativa no decida anular o suspender la consulta, CIG-Ensino anunció que presentará un "contensioso" en el que Héctor López de Castro adelantó que se analizará si se presenta o no "a suspensión cautelar" de la consulta.
Por su parte, Anxo Louxao indicó que el sindicato está ya en contacto con diversas organizaciones y colectivos con objeto de hacer un frente común para que la consulta no se lleve a cabo.