El Consejo Constitucional francés censuró parte de la polémica ley contra la
piratería en Internet, en concreto la que estipula que una autoridad
administrativa puede cortar el acceso a la red. Los miembros de este
organismo argumentan en su decisión que sólo un juez tiene la competencia para
impedir el acceso a la red de los internautas que hagan descargas
ilegales.
El Consejo señala que la libertad de comunicación y expresión
prevista en la Declaración de los Derechos Humanos implica "la libertad de
acceder a los servicios de comunicación al público en línea" y que, por lo
tanto, sólo una autoridad judicial tiene capacidad de limitar esa
libertad.
El dictamen, de obligado cumplimiento, da la razón al opositor
Partido Socialista, que presentó un recurso al texto legislativo impulsado por
la mayoría conservadora al considerar contrario a la Constitución que se corte
el acceso a internet a un cliente sin que exista una sentencia judicial que lo
autorice.
En términos similares se pronunció también el Parlamento Europeo
(PE) el pasado 6 de mayo, cuando aprobó una enmienda en la que señala que el
corte del acceso a internet sólo puede dictarse a través de una decisión
judicial.
La controvertida ley, aprobada el pasado mayo por el Senado y la
Asamblea Nacional tras un largo debate parlamentario, estipula que los
internautas que hagan descargas ilegales recibirán un primer aviso por correo
electrónico y un segundo por carta certificada antes de que, en caso de
reincidir, les corten el acceso durante una duración de seis meses a dos
años.
De acuerdo con el texto, la entidad encargada de fijar las sanciones
será la Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos
sobre Internet, la HADOPI, nombre con el que se conoce a la polémica
normativa.