La Consellería de Presidencia y la plataforma que conforman los sindicatos en este ámbito mantienen discrepancias sobre si son los funcionarios judiciales o los trabajadores de Correos los que deben "poner pegatinas" a las cartas cuando se prepara el correo. Así lo manifestaron sendas partes en el transcurso de la Mesa Sectorial de Xustiza que se reunió en San Caetano y a la que acudieron el conselleiro, Alfonso Rueda ,el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, y representantes de los sindicatos CSI-CSIF, UGT, CC.OO., CIG y USO.
Según el criterio de la Xunta, que expresó el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, el problema surgió meses atrás en otras comunidades e incluso una funcionaria llevó el asunto a manos del juzgado contencioso de Ourense, que "deu a razón á Administración", pues establece que es el cuerpo de auxilio judicial el que "está obrigado a facer ese labor", que consiste en "engadir á carta certificada un adhesivo" que permite al juzgado constatar si la carta "foi entregada", lo que aporta ciertas garantías de que "se poida celebrar o xuízo". Martín afirma además que este problema se está dando ahora en tres juzgados de A Coruña.
La plataforma de sindicatos, por su parte, mantiene un criterio diferente. Afirman que "se le pide a funcionarios de la Administración de Justicia que realicen trabajos que tienen que hacer en Correos". Alegan que "no se niegan a hacer correo", aunque consideran que "otra cuestión es poner pegatinas", pues interpretan que si alguien acude a Correos es el empleado de esta empresa el que lo hace. "Genera un trabajo enorme, porque hay que poner tres pegatinas por cada carta que se genera", recrimina. Tampoco comparten la tesis de que ocurra sólo en tres juzgados coruñeses. "Mentira, falso", afirman los sindicatos, que cifran "60 ou 70" los juicios que se suspenden cada día por este conflicto, que lleva a situaciones en las que se devuelve el correo.
Este fue uno de los temas que centró el debate de la Mesa Sectorial de Xustiza, que se reunió por primera vez desde la toma de posesión del nuevo gobierno. Según Juan José Martín, se abordaron otras cuestiones. Los sindicatos "reclaman unha cantidade económica que foi pactada no pasado" y que elevaría de forma lineal en 10 la percepción de 445 euros mensuales que perciben los funcionarios por productividad, según explicó. En este punto detecta un problema, y es que "non vemos reflectido no presuposto deste ano ningunha partida para iso".
MEDIDAS
El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, anunció algunas de las medidas que prevé adoptar el ejecutiva en este ámbito. Respecto a formación, afirma que los cursos los organizará la Egap y que se promoverá la telefomación. Asimismo anunció cursos "ligados á política lingüística". Precisamente respecto al idioma, la CIG planteó como demandas la implantación "do galego" en los sistemas informáticos, así como la transferencia plena de la Justicia, para que la competencia sea gallega.
Desde la perspectiva informática, apuntó que se está implantando una traducción de los documentos que están en castellano, para que se pueda optar por uno y otro idioma. En breve explicó que pretenden poner en marcha la primera agrupación de secretarías de juzgados de paz y en materia tecnológica se pretende reforzar el papel de las videoconferencias y se renovará el parque ofimático.
UN PACTO
UGT, por su parte, anuncia que pedirá al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que lidere la consecución de un pacto por la justicia. Para ello, representantes del sindicato mantendrán reuniones con los grupos parlamentarios para que la Cámara elabore una declaración institucional que saque este asunto del debate político.
Este sindicato pone de manifiesto que el atasco judicial es preocupante, pues se habla de un 180% de incremento de procedimientos por despidos. Las quiebras aumentaron un 240% la actividad judicial y las hipotecas un 400%.