El juez instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha acordado remitir la causa al Tribunal Supremo (TS), al que
ha pedido que llame a declarar como imputados "con carácter urgente" a los
parlamentarios del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote.
En la
exposición razonada enviada al Alto Tribunal, el magistrado del TSJM Antonio
Pedreira señala que los avances producidos en la instrucción de la causa "han
descubierto hechos nuevos y han puesto de manifiesto la posibilidad veraz" de
que el senador Bárcenas -que también es tesorero nacional del PP- sea
responsable de un delito fiscal y de otro de cohecho, y el diputado Merino de
uno de cohecho.
En una nota de prensa, el TSJM explica que los "avances en la
investigación" que han llevado al magistrado a pedir al Supremo que asuma la
competencia sobre la totalidad de la causa son fruto de las últimas
declaraciones y de los informes elaborados por la Fiscalía Anticorrupción y por
la Agencia Tributaria. "El informe emitido por Anticorrupción recoge el
contenido de declaraciones y de prueba documental y suministra los indicios
suficientes que justifican la obligada remisión al Tribunal Supremo de las
presentes actuaciones", señala el TSJM, que añade que los datos facilitados por
Hacienda han sido incorporados a la exposición razonada, ya que son "la base del
escrito" de la Fiscalía.
La urgencia con la que Pedreira pide al Supremo que
se declare competente y llame a declarar como imputados a los parlamentarios del
PP se justifica, según la nota del tribunal madrileño, "para evitar la posible
prescripción del delito fiscal" que se imputa a Bárcenas, que dejaría de ser
perseguible a finales de este mes.
El magistrado considera que el Alto
Tribunal debe hacerse cargo de todo el caso, y no sólo de la parte que afecta a
Bárcenas, Merino y Galeote, "para mantener la unidad del procedimiento y para
evitar la ruptura de la causa". Aunque el TSJM no ha concretado los supuestos
delitos en los que podría haber incurrido el eurodiputado Gerardo Galeote, el
primer instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón,
consideró que éste habría percibido 652.310 euros de la trama de corrupción
supuestamente liderada por Francisco Correa.
Garzón también cifró en
1.353.000 euros la cantidad presuntamente recibida por Bárcenas a cambio de
adjudicar contratos a las empresas de Correa, mientras que se estima que Merino
pudo obtener de la trama unos 230.000 euros.
Una vez que reciba la exposición
razonada, el Tribunal Supremo tendrá que comprobar que las personas inculpadas
son aforadas, lo que, según fuentes del Alto Tribunal, podría venir acreditado
ya por el TSJM. En caso contrario, es el secretario de gobierno del TS,
Julián Pedro González, quien tiene que informar sobre tal aforamiento a la sala
de admisión de causas especiales de la sala de lo penal del Supremo.
Tras ser
registrada la exposición razonada, la sala dictará una providencia en la que
nombrará al ponente de este asunto y dará traslado a la Fiscalía para que
informe sobre competencia y contenido, para lo que no hay un plazo de tiempo
establecido. Dicha sala de admisión está integrada por el presidente de la
sala de lo penal del TS, Juan Saavedra, y los magistrados Andrés Martínez
Arrieta y Miguel Colmenero, pero, según las mismas fuentes, está previsto que se
amplíe a cinco magistrados.
Posteriormente, una vez que reciba el informe del
fiscal, el TS dictará un auto en el que decidirá si admite o no la causa y, en
caso positivo, nombrará a un magistrado instructor que se encargaría de
practicar las diligencias que estime oportuno.