Los socios de la Unión Europea llegaron a un acuerdo con el gobierno
irlandés para que pueda convocar de nuevo un referéndum que permita la entrada
en vigor del Tratado de Lisboa, del que depende la reforma de las instituciones
comunitarias.
El acuerdo ofrece una serie de garantías destinadas a disipar
los temores expresados por los irlandeses hace un año respecto al impacto que
pudiera tener el nuevo tratado en cuestiones tales como la neutralidad de la
isla, su ventajoso régimen fiscal, la prohibición del aborto o la protección de
los derechos laborales.
Como exigía Dublín, para acallar a los adversarios
internos de la repetición de la consulta, las "garantías" tendrán la forma de un
"protocolo", con la misma fuerza jurídica del tratado que se pretende
ratificar. Pero dicho protocolo no será añadido al Tratado de Lisboa hasta
que tenga lugar la adhesión a la UE de un nuevo estado miembro, no habrá pues
una negociación separada.
En ese momento (adhesión de Croacia o tal vez de
Islandia) se aprovechará la ratificación del correspondiente tratado de adhesión
para adosar el protocolo irlandés. Esta fórmula aleja el peligro de que se
reabra el debate interno sobre el Tratado de Lisboa en aquellos países que lo
han ratificado ya o que se encuentran en vías de hacerlo, como el Reino Unido,
la República Checa y Polonia.
El presidente de turno de la UE, el checo Jan
Fischer, aseguró al final de la cumbre que el acuerdo contiene "todas las
seguridades que los irlandeses necesitan". "Confío en que permita el triunfo
del 'sí'", dijo.
La ratificación irlandesa desbloquearía la entrada en vigor
del nuevo tratado y aportaría a la Unión la "necesaria estabilidad
institucional", destacó el primer ministro checo.
Desde 2005, año en que fue
rechazada en Francia y Holanda la Constitución europea, los gobiernos de la UE
tratan infructuosamente de poner en marcha las reformas institucionales
diseñadas para acomodar la Unión a 27 estados miembros.
De la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa, que sustituyó a la Constitución, dependen entre
otras cosas la formación de la nueva Comisión Europea, la composición final del
Parlamento recién elegido y el nombramiento de un presidente estable para la
UE.
El texto aprobado deja claro que las "aclaraciones" que se ofrecen al
pueblo irlandés son "plenamente compatibles con el Tratado de Lisboa" y por ello
"no requieren volver a ratificar dicho tratado" en los demás estados
miembros.
Los líderes afirman igualmente que el "único propósito" del
protocolo concedido a Irlanda es "proporcionar pleno estatuto de tratado a las
aclaraciones" acordadas para tranquilizar al pueblo irlandés. El protocolo
"aclara, pero no cambia ni el contenido ni la aplicación del Tratado de Lisboa",
advierten las conclusiones de la cumbre.
El primer ministro irlandés, Brian
Cowen, consideró que su país dispone ya de las garantías "suficientes" para
convocar un segundo referéndum y aseguró que la consulta podría celebrarse "a
principios de octubre". "Creo que ahora disponemos de la base para pedir a
los ciudadanos que vuelvan a pronunciarse sobre el tratado", declaró Cowen,
quien explicó que la próxima semana presentará al resto del Gobierno los
resultados del Consejo Europeo para decidir "cuanto antes" una fecha para el
nuevo referéndum.
Cowen destacó la "solidaridad" del resto de países con
Irlanda e insistió en que las garantías obtenidas responden a importantes
"preocupaciones" de los irlandeses, como la neutralidad militar o el derecho a
la vida.
En este sentido, confió en que los ciudadanos compartan su punto de
vista y subrayó que el nuevo referéndum tendrá una "importancia capital para el
pueblo irlandés". "La UE es central para nuestro futuro, es la fuente de
mucha de nuestra riqueza", destacó Cowen, quien afirmó que "el lugar de Irlanda
está en el corazón de la Unión y ahí es donde quiere seguir".
El primer
ministro insistió una y otra vez en que Europa es la mejor forma para Irlanda de
responder a muchos "desafíos globales" y aseguró no contemplar la posibilidad de
un nuevo "no" al Tratado.