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José Manuel López García
Ernesto González Valdés
Economí­a

CONFLICTO DEL METAL

La patronal se compromete a realizar un "último esfuerzo" y volver a las negociaciones

19-06-2009 17:32:01

Los empresarios del sector metalúrgico de la provincia de Pontevedra harán "un último esfuerzo importante" y volverán a sentarse con los sindicatos cuando la Xunta los convoque, informó el portavoz de la patronal Enrique Mallón.

El representante de los empresarios señaló que éste es el compromiso adquirido con la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, a la que le trasladaron sus planteamientos de la negociación con los sindicatos, rota desde principio de semana.

Mallón condenó los actos "terroristas" registrados en una casa de un empresario de Vigo y en un concesionario de la marca Renault en la parroquia de Priegue (Nigrán) y que, aseguró, están "totalmente relacionados" con las movilizaciones del sector metalúrgico.

Reiteró que unas 130 empresas del sector ya han advertido de que no podrán pagar las nóminas de este mes a sus trabajadores y que existe un número importante de negocios "cogidos por alfileres". El portavoz expresó la firme postura de la patronal de que la única subida salarial posible en los tiempos que corren es un 2 por ciento para 2009 y el IPC más un 0,5 por ciento para 2010.

En cuanto a la regulación de la jornada laboral, reiteró que ya hay bastante acuerdo con los sindicatos y que sólo está supeditado a unos matices. En cambio, con respecto a la vigencia del convenio colectivo podrían replantearse volver a la duración de 3 años, sobre todo, explicó Mallón, para tratar de que reine en la provincia "paz social".

Preguntado por el anuncio de huelga indefinida a partir del lunes, Mallón la lamentó y dijo que no es el mejor escenario para que se reanude la negociación. "Es lo último que nos esperábamos por parte de los sindicatos", criticó el portavoz empresarial.

El convenio colectivo que se está negociando desde hace más de tres meses y que está sacando a la calle a cientos de trabajadores protestando afecta a unas 27.000 personas en la provincia de Pontevedra.





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