CONSEJO DE MINISTROS
La nueva Ley de Extranjería castiga a quien apoya la inmigración ilegal, pero no a quien acoge
El Gobierno ha aprobado un proyecto de Ley de Extranjería que castiga a
quien incita y apoya la inmigración ilegal pero no al "acogimiento humanitario",
y que amplía el plazo de internamiento a 60 días pero aumenta las garantías y
garantiza el apoyo de las ONG.
Así lo ha asegurado la vicepresidenta primera
del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la conferencia de prensa
posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que ha apuntado que con
este nuevo texto se pretende "pasar de una ley de extranjería a una de
inmigración".
El proyecto de Ley, cuyo nombre oficial es Ley Orgánica de
reforma de la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre Derechos y Libertades
de los Extranjeros en España y su Integración Social, será enviado al Congreso
para su tramitación parlamentaria. El texto, que incorpora la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional y transpone las directivas europeas, es "equilibrado
y garantista", ha asegurado De la Vega.
Con esta reforma, el Gobierno confía
lograr una inmigración "legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones
de ciudadanos", para lo que ha "apostado por el consenso, el rigor y la
eficacia".
Así, la vicepresidenta ha destacado que el proyecto de ley
"perfecciona el sistema de flujos migratorios en función del mercado de
trabajo", aumenta lucha contra la inmigración irregular y favorece la
integración de los inmigrantes mediante iniciativas educativas. También se
reforma el sistema de la agrupación familiar, aplazando la de los ascendientes
hasta que tengan 65 o "existan casos humanitarios" y posibilitando la de la
parejas de hecho.
Tras destacar ciertos aspectos de la ley, que ahora
comienza su trámite parlamentario, De la Vega ha expresado su confianza en que
"todos los grupos políticos busquen, desde la responsabilidad, el consenso que
necesita esta ley" y ha asegurado que el Ejecutivo por su parte mantiene "el
espíritu de diálogo" con que se ha abordado la reforma.
Así, la
vicepresidenta ha recordado que el texto incorpora las aportaciones de
organismos como el Consejo Económico Social, la Conferencia Sectorial de
Inmigración, la Comisión Interministerial de Extranjería o el Foro de
Integración Social de los Inmigrantes, ha añadido.
Entre las novedades, cabe
destacar que la nueva ley persigue la promoción de la inmigración irregular pero
deja "fuera de toda duda" que no se va a perseguir la acogida humanitaria.
El
texto también mejora las garantías en los procedimientos de expulsión
introduciendo el principio de proporcionalidad para graduar las propuestas de
sanción.
Además, se acotan las posibilidades de suspensión del plazo de
internamiento a los supuestos de solicitud de asilo o hábeas corpus, por un
tiempo tasado y se establecen los plazos máximos de suspensión. En cuanto a
los menores no acompañados, el texto prevé la celebración de una audiencia del
menor en los procesos de repatriación.
Asimismo, el proyecto contempla una
serie de mejoras en la lucha contra la inmigración irregular que persiguen
profundizar en los instrumentos preventivos, aumentar la eficacia de los
procedimientos de repatriación y la mejora de las garantías en las distintas
situaciones. Así, está prevista la creación de un registro de entradas y
salidas de los extranjeros para mejorar el control preventivo de la estancia
irregular.
Además, las órdenes de expulsión podrán conceder un plazo entre 7
y 30 días para que se abandone voluntariamente España, y se impondrán plazos de
prohibición de entrada de un máximo de 5 años.