El Gobierno central remitió a la Xunta de Galicia el borrador de este modelo de financiación, que será abordado el próximo 15 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Mientras el Ejecutivo autonómico niega que en la documentación enviada por la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, exista alguna cifra que indique la cuantía que correspondería a Galicia de acuerdo con el reparto propuesto, el líder del PSdeG, Manuel Vázquez, asegura que serán 620 millones en el 2009.
Según anunció el Ejecutivo estatal, los recursos complementarios en el 2012 serán algo más de 11.000 millones de euros a repartir entre las comunidades, aunque inicialmente había propuesto 9.000. A falta de saber la cifra total correspondiente al año en curso, sí apunta que habrá un incremento gradual hasta llegar a los 11.000 millones dentro de tres ejercicios.
Del mismo modo que el Gobierno gallego dice reservarse una valoración oficial para el momento en que haya analizado la propuesta recibida, el líder socialista reitera que si los 447 millones de euros que inicialmente ofreció Salgado al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, eran "claramente insatisfactorios", los 620 millones de ahora "empezan a ser razoables", aunque señaló que trabajará para "conseguir máis". Apunta, además, que esta cuantía sería el punto de partida, que iría aumentando hasta 2012, aunque afirma ignorar los fondos dirigidos a la comunidad en ese año. Por eso, se dificulta el cálculo del porcentaje de estos fondos que se llevaría Galicia, dado que mientras el Gobierno central habla de los 11.000 millones de euros para 2012 pero no concreta los correspondientes a 2009, el PSdeG anuncia los millones de 2009 pero no los de 2012.
Sí aluden, desde el socialismo gallego, a otros porcentajes. Así, señalan que en aquellos "temas que temos en común" las comunidades, que son las competencias en servicios sociales, sanidad y educación, "saímos ben", pues cifran en un 7,4% el peso de la comunidad gallega en el Estado. Según alega Vázquez, de las comunidades donde la población no ha aumentado "somos a que mellor quedamos" mediante los criterios de la dispersión, el envejecimiento y el bilingüismo.
Desde las filas del BNG, su portavoz nacional Guillerme Vázquez, criticó la "inconcreción" de la vicepresidenta segunda del Gobierno central y reclamó información clara sobre la cuantía de los fondos adicionales correspondiente a Galicia. Eso sí, reiteró la demanda del 7,8% de todos los recursos para la comunidad gallega, pues opina que "todo o que sexa por debaixo desta cifra é inasumible". De la cuantía estatal, de 11.000 millones de euros a repartir en 2012, opina también que es "francamente insuficiente" y estima que debería aumentar hasta los 15.000 millones.
Mientras en Galicia son los socialistas los que desvelan alguna cifra del reparto de la financiación autonómica, las diferentes comunidades optan por criterios variopintos. Por norma, aquellas gobernadas por el PSOE han facilitado algún dato, mientras en las que dirigen los populares se ha optado por el silencio en esta línea. De hecho, en la Comunidad de Madrid dicen lo mismo que en la gallega, y es que la documentación no recoge las cifras. Canarias -el archipiélago está gobernado por Coalición Canaria y el PP-, sin embargo, aporta ya las cifras anuales que les corresponden -según la propuesta del Gobierno- desde el 2009 hasta el 2012.
LA PROPUESTA
El Gobierno central, tal y como explicó la vicepresidenta segunda en una rueda de prensa, ha convocado para el próximo 15 de julio el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde confía en contar con un apoyo "razonable" de las comunidades al borrador que presentó hoy.
Sobre la posibilidad de que una autonomía rechace el nuevo modelo pero quiera los recursos adicionales, la ministra apuntó que, aunque es una "incoherencia", el Gobierno "va a tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos".
La responsable de Economía y Hacienda explicó que el 80% de los fondos se destinarán a la prestación de los servicios públicos fundamentales, en una cuantía per capita igual para todos los lugares de España.
Aunque el incremento de la población es un elemento básico que determina la financiación, se revisan en el modelo propuesto los criterios de ajuste de población, de modo que se otorga una mayor ponderación a factores no poblacionales como la dispersión -una de las demandas de Galicia- o la insularidad y superficie.
Se incorpora, además, un mejor reconocimiento a factores como la edad en la atención sanitaria mediante siete grupos de edad. Eso sí, la ministra ha rehusado, en su intervención, indicar en qué medida ganan peso estos criterios.
FONDO DE GARANTÍA
Para ello, el nuevo sistema tendrá un Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que supondrá el 80% de los recursos y que se financiará con el 75% de los tributos cedidos a las comunidades y un 5% de recursos provenientes del Estado.
Salgado indicó que el nuevo sistema se actualizará todos los años, con la población correspondiente a cada ejercicio, de forma que no se condicionan cambios en el modelo "a que se produzcan determinados acontecimientos".
La vicepresidenta defendió que el nuevo sistema dota de más recursos a todas las autonomías "sin excepción", responde a las demandas de las comunidades, impulsa la corresponsabilidad y su autonomía financiera y es más solidario.
La ministra dijo que con el nuevo sistema todas las comunidades ganan, si bien no concretó qué cantidad adicional corresponderá a cada una. "No voy ni a confirmar ni desmentir ninguna de las cifras que en los próximos días digan las comunidades", para agregar que "no tengo por qué poner en duda", por ejemplo, la que ha dado Cataluña.
En todo caso, señaló que las diferencias actuales de hasta 40 puntos en financiación per cápita se verían reducidas a 30 en el primer año de aplicación del modelo.
La responsable de Economía recordó que el nuevo modelo de financiación debe ser aprobado en el Parlamento, y apuntó que las comunidades "podrán incorporarlo en los presupuestos que hagan para 2010".
Por otra parte, subrayó que dada la complicada situación económica actual y la fuerte caída de los ingresos, se permitirá a las comunidades devolver las cantidades correspondientes a las posibles liquidaciones negativas en cuatro años, con uno de carencia.