El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, señaló la necesidad de incrementar el número de plazas de fiscales en 20 o 30 titulares, a fin de dar respuesta a las demandas generadas por la nueva realidad territorial de la comunidad y cubrir las plazas que están ocupadas por sustitutos.
En declaraciones a los medios en el Tribunal Superior de Galicia en A Coruña, tras el acto de lectura de juramento de seis nuevas incorporaciones al Ministerio Fiscal, dos hombres y cuatro mujeres destinados a Vigo, Mondoñedo y Ferrol, Varela insistió en la necesidad de reforzar aquellas áreas especializadas de la Fiscalía dedicadas a los incendios forestales, el medio ambiente, la siniestralidad viaria o laboral.
El fiscal superior hizo hincapié en que el sistema de Justicia debe superar el "reto" de adaptarse a la nueva realidad territorial de Galicia, en la que hoy tenemos dos áreas metropolitanas (A Coruña y Vigo), áreas urbanas (ciudades de Lugo y Orense) y comarcas interiores.
Destacó que existe un trasbase de demografía desde el interior hacia la costa que lleva consigo el trasbase de actividad empresarial, industrial y socioeconómica, lo que implica una mayor conflictividad en esas áreas más densamente pobladas. "É necesario estudialas polo miúdo e dotalas dos órganos xudiciais necesarios", subrayó.
PARTIDOS JUDICIALES DEL S.XIX
Para Varela, esta nueva situación implica que "temos que superar os partidos xudiciais do século XIX que están concebidos sobre un área territorial propio daqueles tempos".
En ese sentido, indicó que la realidad de las comunicaciones de hoy y la futura entrada del AVE y de medios de transporte internos en Galicia tendrá un "impacto", ya que "hoxe as distancias non se miden en kilómetros, senón en tempo". Así, apuntó que se plantea un nuevo "reto" para los servicios públicos y la Justicia, la posibilidad de tener que superar la demarcación provincial, al darse el caso de que algunas comarcas estarán mejor comunicadas con Santiago que con su propia capital de provincia.
Los plazos para superar esa "asignatura pendente" de conseguir una correcta distribución de los servicios de acuerdo a la ordenación del territorio, los marcarán, según dijo el fiscal, la Xunta y el Parlamento, que aseguró han iniciado ya el proceso al querer definir las dos áreas metropolitanas.