El Consello da Xunta acordó formular al Gobierno central un requerimiento de
incompetencia por entender que el Real Decreto 975/2009, referido a la gestión
de residuos de las actividades mineras y de protección y rehabilitación de los
espacios afectados por esta actividad, invade las competencias de la
administración autonómica.
El Ejecutivo gallego ha analizado la norma y ha decidido proceder contra ella
en su conjunto, por no tener rango formal de ley, y también contra algunos
artículos específicos por entender que hacen una regulación "exhaustiva" que
impide a la comunidad autónoma legislar en su ámbito competencial.
Además, la administración autonómica se reserva el derecho de acudir al Alto
Tribunal si la respuesta al requerimiento de incompetencia "non satisface os
intereses propios da comunidade galega".
En los últimos meses ya se han producido algunas discrepancias entre Gobierno
central y Xunta por documentos que afectan a la comunidad, como es el caso del
plan estratégico que declara la mayoría de la costa gallega apta para la
instalación de parques eólicos marinos.