CASO GÜRTEL
Un informe policial afirma que hubo financiación ilegal en el PP de Valencia
La dirección del PP valenciano organizó una financiación ilegal del partido a
través de la empresa Orange Market, según un informe de la Brigada de Blanqueo
de Capitales de la Policía que publican los diarios "El País" y "El
Mundo".
Este informe fue rechazado en su día por la Sala de lo Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Valencia que archivó la causa contra el
presidente de esta comunidad, Francisco Camps, por un supuesto delito de
"cohecho impropio" en el caso Gürtel.
La investigación policial, resumida en
89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la
financiación ilegal del PP valenciano. Según la Policía, el vicepresidente
valenciano, Vicente Rambla, el secretario general del PP en esa comunidad,
Ricardo Costa, el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido,
Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera
irregular.
Estos cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas
financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando
supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por
servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido
múltiples contratos de la Generalitat.
El informe policial revela la
existencia de una facturación doble de Orange Market al PP valenciano, que era
conocida por su secretario general, Ricardo Costa, y por toda la cúpula del
partido. Así, la contabilidad de Orange Market -la empresa de Álvaro Pérez,
'El Bigotes'-, ha puesto de manifiesto que había dos contabilidades para
facturar al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra
"en negro".
La denominada "caja A" aparece denominada como "Alicante" y la
"B" como 'Barcelona'. "En consecuencia no existe transparencia en las
actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la
facturación al PP de la Comunidad Valenciana", dice textualmente el informe que
publica "El Mundo".
En los pagos "en dinero B" por actos del PP, la Policía
ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con
"aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique
Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf,
presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa, y Luis Batalla
(Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por
parte de Orange Market para justificar el pago realizado".