El ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado a
seis años de prisión por los casos de espionaje telefónico, el pago a
congresistas tránsfugas y la compra de medios de comunicación en 2000.
La
sentencia dictada por la Primera Sala Penal Especial de la Corte Suprema será
cumplida en 2013 y es la cuarta sentencia recibida por el ex mandatario
(1990-2000), tras su extradición de Chile en 2007. Además de los 25 años por
los delitos vinculados con violaciones a los derechos humanos, Fujimori también
ha sido condenado a 7 años y medio de cárcel por la entrega de dinero a su ex
asesor Vladimiro Montesinos y a 6 años por el allanamiento ilegal de la casa de
la esposa de su ex consejero.
Los jueces pidieron, además, una reparación
civil a favor del Estado de 24 millones de soles (unos 8 millones de dólares), y
de tres millones de soles (un millón de dólares) para cada uno de los 28
agraviados en el proceso.
Fujimori interpuso recurso de nulidad, tras
escuchar la sentencia, en una audiencia que duró poco más de una hora. La
sala declaró el lunes pasado la conclusión anticipada de los debates, tras la
aceptación de Fujimori de los cargos por delito contra la administración pública
(peculado o mal uso fondos públicos), cohecho activo (corrupción de
funcionarios), y contra la libertad del secreto de las comunicaciones en agravio
de una serie de personas.
La sala manifestó en la sentencia que, en el caso
de la compra del Cable Canal de Noticias por dos millones de dólares y de la
línea editorial del diario Expreso, "el acusado -haciendo mal uso de la más alta
jerarquía- realizó acciones ilícitas encaminadas a conseguir su reelección" en
2000.
El dinero en cuestión provenía del presupuesto de las fuerzas armadas y
se utilizó con pleno conocimiento del acusado, agregó la resolución.
Sobre el
caso de la interceptación telefónica, la sala afirmó que Fujimori buscaba "tener
control de la actividad política en el país", creando centros de escucha para
espiar las comunicaciones de diversos periodistas y políticos opositores.
En
el mismo Palacio de Gobierno, se instaló un centro de escucha llamado "Casa
Blanca", que era operado por personal militar bajo las órdenes del ex asesor
presidencial Montesinos, quien a su vez entregaba las transcripciones a
Fujimori.
Sobre el caso del pago a 13 congresistas tránsfugas, la sala
recordó que el plan de reclutamiento de parlamentarios opositores al régimen
tenía el objetivo de "obtener una mayoría parlamentaria a cualquier costo" y
"controlar las labores de fiscalización del Congreso".
Precisamente, la
difusión del vídeo del millonario pago a uno de esos congresistas fue el que
motivó la caída del Gobierno de Fujimori, en septiembre de 2000, al destaparse
un escándalo de corrupción que dio pie a cientos de juicios por ese delito
contra diversos personajes públicos.