LABORAL
La plantilla de Alfageme en Vigo se niega a negociar un ERE mientras no se cumpla el plan estratégico
El comité de empresa de la conservera Bernardo Alfageme de Vigo informó de que se opondrá a negociar un expediente de regulación de empleo (ERE) con Prolamar, el grupo empresarial propietario de la firma de alimentación que comercializa sus productos bajo la marca Miau.
Según consta en un comunicado remitido, la plantilla de la planta viguesa se hace eco de la delicada situación económica de la compañía, informando de que la dirección "no garantiza la continuidad del negocio", a no ser que los trabajadores "se atengan" a este recorte de la actividad "en las condiciones" que determine la empresa, lo que incluye el "cierre inmediato de las plantas de Vigo y O Grove".
En esta situación, la plantilla se niega a "moverse" de su centro de trabajo actual hasta que estas dos instalaciones no se hayan vendido y "a su vez destinado las plusvalías a la reinversión en el propio negocio". De esta manera piden que se ejecuten las medidas previstas en el plan estratégico de la conservera, que establecía la reinversión del capital obtenido de la venta de las dos plantas en las factorías de Vilaxoán y Ribadumia, donde se debería recolocar a los trabajadores.
Según el comité de empresa, los nuevos propietarios del grupo obtuvieron entre julio de 2007 y el mismo mes de 2009 avales del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) para préstamos por valor de más de 40 millones de euros para impulsar el plan de empresa con el que se pretendía reestructurar el grupo y garantizar su "continuidad y la expansión del negocio". Además de la reubicación de los trabajadores de Vigo y de O Grove, estaba prevista la construcción de una nueva fábrica en el área de Cangas o Bueu, que "absorbería a la totalidad de los trabajadores trasladados e incluso más".
Dos años después de la recepción de estas ayudas de la Administración autonómica, los trabajadores denuncian que la empresa les ha comunicado que los préstamos avalados por el IGAPE "no han servido de nada", por lo que la situación financiera del grupo no ha hecho más que agravarse.
Así las cosas, la plantilla denuncia que la dirección del grupo les insta a aceptar "voluntariamente" un ERE, argumentando que esta medida se torna imperativa para obtener "nuevos avales" del IGAPE para conseguir nuevos préstamos por un valor de unos 9 millones de euros, con lo que la deuda de la empresa con las entidades financieras "alcanzaría los 54 millones de euros".
"No se nos ha dado explicación alguna de por qué no se han llevado a cabo, a lo largo de los dos últimos años, ninguna de las acciones contempladas" en el plan que se presentó al ente dependiente de la Consellería de Economía, así como tampoco se ejecutó ninguna de las ventas de activos prevista. Pese a la "situación crítica" a la que se enfrenta el grupo, la plantilla censura que "ninguno de los directivos" de la compañía está propuesto para el expediente de regulación.
Según consta en el comunicado remitido hoy a los medios tras la celebración de una asamblea, los trabajadores se muestran "sorprendidos" ante la "carencia de mecanismos de control" por parte del IGAPE para evitar casos como éste.