CASO PRESTIGE

La Audiencia Provincial de A Coruña vuelve a imputar a López-Sors

La Audiencia Provincial de A Coruña vuelve a imputar al ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors en el caso Prestige, al entender que existen "indicios racionales de criminalidad" en su gestión al frente de la crisis, por lo que deberá responder por una imprudencia grave.

El auto hecho público hoy revoca así la decisión de la titular del juzgado número uno de Corcubión -avalada por la Fiscalía-, quien retiró en marzo de forma "provisional" la imputación contra el alto cargo del Gobierno de Aznar que ordenó que alejasen del litoral gallego el petrolero que se hundió el 19 de noviembre de 2002, dando lugar a una catástrofe mediambiental sin precedentes.

Siete meses después de que la magistrada Carmen Veiras decidiese dar por terminada la fase de instrucción del caso, que ya acumula 265.871 folios, el tribunal coruñés se ha pronunciado hoy sobre los recursos de apelación presentados contra el auto de Corcubión. En su dictamen, imputa a cuatro personas en el caso de mayor envergadura al que actualmente hace frente la justicia gallega y que que promete convertirse en un referente para el derecho internacional.

De la nómina de implicados, se confirman tres de los señalados por Veiras, de manera que, además de López-Sors, tendrán que comparecer ante la Audiencia el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Argyropoulos Nikolaos --ambos de nacionalidad griega--, y el primer oficial, el filipino Irineo Maloto. Los dos primeros tendrán que responder por sendos delitos contra el medioambiente y de desobediencia, mientras que Maloto se enfrenta a una acusación de delito contra el medio ambiente.

Tal y como reclamaron la plataforma Nunca Máis, Izquierda Unida o la Coordinadora de Cofradías dañadas por el 'Prestige' en sus recursos de apelación, la Audiencia Provincial considera que se deben "depurar" las responsabilidades del ex director general de la Marina Mercante. En su argumentación, los magistrados Ángel María Judel, José María Sánchez e Ignacio Alfredo Picatoste cargan contra el ex alto cargo del Ministerio de Fomento, sosteniendo que de su actuación se infiere que "ignoraba" cuáles eran las responsabilidades inherentes a su cargo, por lo que cometió "un error clamoroso".

Tumbando la argumentación de la jueza de Corcubión, que cualificó la actuación de López-Sors de "prudente y razonable", el auto de la Audiencia ve probado el "desacierto" en la gestión del naufragio, por el hecho de que"no es imaginable un desastre de superior dimensión". Así, critica la decisión de alejar el buque de la costa, que demostró ser "la peor de las opciones".

El tribunal también censura a Sors por no haber previsto los daños que podrían derivarse del rumbo que tomó el viejo monoscasco. "Por confiar exclusivamente a la suerte o al azar el destino del buque, como si este destino no estuviese anudado al del medio ambiente marino y al de la costa, se incurre en reproche penal", apunta el fallo judicial, que recalca que la eficiencia "brilló por su ausencia" en la actuación de las autoridades españolas.

Los jueces consideran que el Estado debió conducir el maltrecho buque hasta un puerto de refugio, por lo que la magnitud del daño ecológico podría haber sido menor. Así, constantan que resulta "obvio" que cuanto más alejado está el vertido del fuel de tierra, "mayor es la longitud de costa contaminada".


CAPITÁN Y TRIPULANTES

Por lo que respecta a los recursos presentados por las defensas de Mangouras, Nikolaos y Maloto, reivindicando su inocencia, el órgano judicial constata su "evidente responsabilidad" en la fatídica cadena de hechos registrados entre el 13 de noviembre de 2002 --cuando se detectó que el barco estaba en apuros-- y el día 19, cuando el 'Prestige' se hundió tras partirse en dos. Ante la "solidez" de los indicios que pesan en su contra, el tribunal decidió desestimar las apelaciones.

Por otra parte, en la resolución se rechaza imputar al capitán del remolcador Ría de Vigo, a un inspector subcontratado por Thomas Marine Hellas, así como a dos empleados y dos inspectores de ABS --la clasificadora del buque-- y al gerente de esta compañía en el puerto griego de El Pireo.

De esta manera se desestima el recurso formulado por el Estado francés, que demandaba la imputación de la clasificadora, explicando que pasaron tanto "el tiempo como la ocasión de involucrar" a súbditos extranjeros de "difícil localización", lo que dilataría todavía más la causa. Con todo, el tribunal coruñés admite que la profesionalidad de la empresa "está comprometida", al certificar las condiciones de navegabilidad del barco a sabiendas de sus graves deficiencias. "Es cierto que sobre ABS pende un serio reproche por su notoria influencia en el curso causal", afirma la sentencia, que ve "temeridad y una grave negligencia" en su actuación.


PERICIAL DE MARTÍN CRIADO

Otro de los aspectos más interesantes del fallo radica en que, contrariamente al juzgado de Corcubión, la Audiencia aprecia "traza de contaminación" en el informe realizado por Martín Criado, el profesor de Ingeniería Naval de la Universidade de A Coruña, que fue designado perito judicial del caso tras ocultar que asesoró a Fomento durante la catástrofe. El auto admite que debería haber comunicado esta circunstancia al juzgado, por lo que la fiabilidad de su informe, que avala las maniobras de alejamiento, "quedó en entredicho". Pese a todo, la Audiencia Provincial no considera que deba "sobredimensionarse" esta cuestión hasta llegar al extremo de pedir "la anulación" del procedimiento desarrollado en Corcubión, como lo hicieron algunos afectados personados en la causa.

SE ACERCA EL JUICIO

Al concluir este trámite judicial, ahora se abrirá la fase de juicio oral, cuando están a punto de cumplirse siete años desde el trágico accidente marítimo que se saldó con un vertido de más de 50.000 toneladas de fuel que afectaron a casi 3.000 kilómetros de litoral, extendiéndose desde las costas gallegas hasta el Canal de la Mancha. A falta de que se incorpore a la causa nuevo material pericial reclamado por las acusaciones particulares y por la Fiscalía, el procedimiento pasará ahora a la Audiencia, que señalará fecha para la vista oral. En base a las palabras del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Carlos Varela, Miguel Ángel Cadenas, el proceso arrancará en los primeros meses de 2010.

En total, hay más de 2.300 perjudicados que reclaman indemnizaciones, además de más de 2.000 personados que no han reclamado hasta el momento. La complejidad del caso es tal que participan nueve procuradores y más de 70 abogados, además de la Fiscalía, de la abogacía del Estado, de los letrados de la Xunta y de la Diputación Provincial de A Coruña.

Contra el auto de Corcubión presentaron recurso de apelación los tres imputados por la jueza Veiras, así como la plataforma Nunca Máis, Izquierda Unida, dos cofradías de pescadores, el Concello de O Grove y el Estado Francés y ocho municipios galos afectados, entre otros.