El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, consideró imprescindible que se tomen medidas "ambiciosas" y reformas estructurales para
corregir el elevado déficit público y para absorber otra grave secuela de la
crisis, la destrucción de empleo.
En su comparecencia en la Comisión de
Presupuestos del Congreso, Fernández Ordóñez insistió en que el recorte del
gasto público, sobre todo el no productivo, debe desempeñar un "papel esencial"
en la reducción del déficit.
Fernández Ordóñez volvió a pedir una reforma del mercado de trabajo, y añadió que debe ir acompañada de la reforma de la negociación colectiva para que los salarios "se adecúen" a la situación "específica" de cada empresa y a la evolución económica.
Sugirió, entre las modificaciones del mercado de trabajo, la de "innovar en las modalidades de contratación" para facilitar la creación de empleo, "superando la acusada segmentación" que hay en la actualidad, que provoca, en su opinión, una elevada temporalidad.
El gobernador advirtió de que el deterioro del empleo y el aumento del paro constituyen el "problema de mayor gravedad" al que se enfrenta la economía española y "el que más dificulta la recuperación y la consolidación fiscal -de las cuentas públicas-".
Además, aunque admitió que la selección de
medidas tributarias "nunca es fácil", debe recurrirse a aquellas figuras
impositivas "que menos distorsiones produzcan", y los aumentos de recaudación se
deben destinar a la reducción del déficit público y "no a financiar posibles
deslizamientos del gasto".
El gobernador consideró que los Presupuestos de
2010 confirman "este compromiso" de reducir el saldo negativo de las finanzas
públicas, pero advirtió de que, para que resulte "verosímil", el Gobierno tiene
que convencer a todos de que el fin principal es dicha corrección.
Fernández
Ordóñez también insistió en que, dada la elevada descentralización que hay en
España, "resulta capital" que los entes territoriales también se comprometan con
la reducción del déficit.
En su intervención, el gobernador del Banco de
España admitió que comparte la tesis del Gobierno de que la economía volverá a
registrar crecimientos el año que viene, aunque en el conjunto del ejercicio aún
registre una caída moderada.
La vuelta al crecimiento, dijo, estará basada
sobre todo en la recuperación del sector exterior y su "extensión paulatina"
hacia la inversión empresarial y el empleo, forjando las bases de un crecimiento
que se apoye sobre el conjunto de la demanda interna.
Insistió en que la
recuperación será "lenta" y advirtió de que existe el riesgo de que la inversión
empresarial se comporte "algo peor" de lo que se calcula para el año que
viene. En cualquier caso consideró que lo más relevante no es la fecha
"precisa" en que la actividad vuelva a crecer, ni el ritmo en que lo haga, sino
la "envergadura" de los retos a medio plazo que plantea superar esta crisis, la
"situación más complicada" que España ha vivido en las últimas décadas.
Así,
apuntó que para que la recuperación se asiente es "inexcusable" la absorción de
un gran número de desempleados y acabar con el efecto nocivo que ese paro tiene
sobre la confianza y sobre las finanzas públicas, además de tomar medidas para
sanear las finanzas de empresas y familias, altamente endeudadas.
Por eso,
Fernández Ordóñez insistió en que la política presupuestaria española debe ir
acompañada de reformas estructurales "ambiciosas" que eliminen los obstáculos de
la recuperación de la economía, el empleo y la situación de las finanzas
públicas.
En este momento en el que se vislumbran "síntomas incipientes de
estabilización" de la crisis económica y financiera mundial, las políticas
económicas tienen una "relevancia capital" para que la recuperación se siente
sobre "bases sólidas", apuntó el gobernador.
Una relevancia que, en su
opinión, es todavía mayor en el caso de España, porque aunque hay ya una
"moderación" de la recesión, el fuerte deterioro del empleo y de las cuentas
públicas plantean importantes retos para el país.
Por eso, insistió en la
necesidad de las reformas estructurales -entre las que citó la del sector
servicios-, para mejorar la capacidad de generación de empleo, facilitar el
"relevo" en el modelo económico y aumentar la eficiencia y la productividad de
la economía.