CONSELLO

La Xunta urge al Estado el traspaso de 17 competencias

El Gobierno gallego pretende obtener 17 nuevas competencias, entre las que quedaron pendientes en la pasada legislatura y las nuevas que plantearán al Estado. Así lo manifestó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que rubricó una carta que remitirá al vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, para convocar la Comisión Bilateral de Cooperación y también para recordarle su "compromiso" de "desbloquear" tras el verano estos traspasos.

Entre las demandas de la Xunta, que explicó tras la reunión semanal del Gobierno gallego el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, se encuentran siete pendientes desde la pasada legislatura. En este sentido, reclamarán al Estado que "axilice" el debate que se celebrará en el Congreso de los Diputados por el traspaso de tráfico y seguridad vial, una vez que el Parlamento gallego aprobó por unanimidad una proposición de ley para lograrlo.

Según el conselleiro, está previsto que el asunto se debata en esta Cámara en septiembre de 2010, fecha que pretenden agilizar desde el Gobierno gallego. Otras de las competencias pendientes que reclaman son la transferencia de Inspección de Trabajo, la gestión de becas y ayudas a la enseñanza universitaria, la titularidad -la Xunta ya los gestion-- de museos, bibliotecas y archivos del Estado y la denominada deuda de superficie (de 6.000 metros cuadrados), que a efectos prácticos supone el traspaso de edificios públicos del Estado a la Xunta, como son los edificios administrativos de Monelos (A Coruña), la Casa de Chocolate (Ourense) y una edificación en la calle Benito Corbal, en Pontevedra.

Rueda afirmó que, en general, estos traspasos permitirían una "axilización" o mejor gestión de las diferentes áreas. Sobre el último punto -el traspaso de los edificios administrativos de diversas urbes gallegas- afirmó que únicamente falta la aprobación del acuerdo por parte del Consejo de Ministros.

NUEVAS COMPETENCIAS

Entre las nuevas competencias que exigirá la Xunta, se encuentra el traspaso de las autopistas AP-53 y AP-9, aunque al respecto, el Ministerio de Fomento, que dirige José Blanco, ya manifestó -aunque sin fecha- su decisión de constituir una comisión técnica para estudiar estas transferencias. No obstante, se prevé un traspaso más temprano en la AP-53 que en la AP-9.

En materia hidráulica, son varias las competencias que reclama la comunidad. Así, reclama más poder sobre las cuencas gallegas, de modo que la Xunta sea la encargada de licitar, ejecutar y gestionar las obras hidráulicas de interés general que se acometan en territorio gallego, lo que a su vez implicaría la gestión de los fondos europeos destinados a este fin. También demanda la competencia en la tramitación de expedientes de autorizaciones sobre el dominio público hidráulico (el interior depende de la Confederación Hidrográfica Miño Sil). En resumen, explicó Alfonso Rueda, reclaman la "competencia plena nas concas".

Otra de las reclamaciones más importantes, según la Xunta, se refiere a la ordenación del litoral y la gestión del dominio público marítimo-terrestre. Argumentan que están vinculadas con cuestiones que ya tienen competencia autonómica, como son la construcción de puertos, la regulación urbanística o el control de vertidos.

En materia pesquera son varias competencias las que se demandan, no sólo en la ordenación del sector -afirman que la gestión autonómica actual se ve limitada a un marco de aguas interiores que se reduce a la mínima expresión-, sino también sobre todos los organismos de investigación marina. La Xunta pretende también encargarse de la expedición de las titulaciones y tarjetas de identidad acreditativas de las titulaciones náutico-pesqueras y las competencias de inspección y vigilancia pesquera, así como en materia de seguridad a bordo.

La Xunta reclama, además, la competencia exclusiva en meteorología, pues afirma que Galicia es, con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la única que no tiene reconocida tal competencia en su Estatuto. Por último, la comunidad demanda el traspaso de todas las competencia en gestión del personal que trabaja al servicio de la Administración de Justicia, pues ahora son "compartidas".