CASO GÜRTEL
Los abogados creen que las escuchas de la Gürtel se hicieron sin apoyo legal
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cree que la grabación de las
comunicaciones privadas entre presuntos implicados del caso "Gürtel" y varios de
sus abogados suponen un atentado contra el Estado de Derecho ya que fueron
realizadas "sin apoyo legal", "fuera de la legalidad vigente".
De esta forma
se pronuncia el CGAE tras las denuncias de algunos abogados de los imputados por
haber sido intervenidas conversaciones entre los letrados y sus clientes.
El
Consejo manifiesta su "absoluto rechazo" a la "violación del secreto
profesional" que, en su opinión, se produjo en el marco de este caso y entiende
que es "un gravísimo atentado" contra el Estado de Derecho.
Estos
procedimientos -subrayan los abogados- están reservados a casos de terrorismo o
en los que puede estar implicado el abogado y no pueden ser aplicados en
cualquier circunstancia pues ponen en peligro el derecho a la defensa y suponen
una ilegítima vulneración de derechos fundamentales.
El Consejo entiende que
las grabaciones de las conversaciones entre Francisco Correa y su segundo
abogado tenía que haberlas autorizado el juez Baltasar Garzón en un auto, tal y
como lo hizo para intervenir las que mantuvo el presunto cerebro de la trama con
su primer letrado, implicado en la causa.
Por ello, según el CGAE, la
grabación de las comunicaciones han sido realizadas "fuera de la legalidad
vigente" y deberían haber cesado o destruirse al hacerse cargo de la defensa un
nuevo letrado.
De esta forma, según los abogados, no se tenían que haber
incorporado en ningún caso las mismas al proceso, lo que supone un "vicio" que
debe producir la nulidad del procesamiento.
Por todo ello, el CGAE considera
que estas prácticas "repugnan al sentido común y hacen que los ciudadanos
pierdan la confianza en el Estado de Derecho".