Los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores han alcanzado en la tarde de este martes un preacuerdo con parte de las asociaciones empresariales que negocian el convenio colectivo del Metal de la provincia de Pontevedra, lo que pone fin a un proceso, que provocó una huelga de 26 días en las empresas del sector.
Si en el ámbito sindical la CIG fue la única que rechazó el preacuerdo, por considerar insuficiente el incremento salarial, en la parte empresarial lo suscribieron Asime, Atra y Feca, y se negaron a ratificarlo Instalectra y Foncalor, que representa a las empresas de instaladores eléctricos y fontanería y calefacción, respectivamente.
La reunión de hoy para tratar de llegar a un acuerdo definitivo en la negociación del convenio colectivo del sector del Metal se prolongó por espacio de unas tres horas, y los sindicatos y empresarios que se mostraron a favor de los puntos acordados, esperan firmar el documento definitivo la semana que viene.
El preacuerdo contempla una vigencia de tres años y un incremento salarial de 3,85 puntos por encima del IPC, que en el primer año sería del IPC más un 1,10 puntos; en el segundo también del IPC más 1,50 puntos y en el último el IPC correspondiente más un 1,25 puntos.
La Confederación Intersindical Galega se negó a suscribir el preacuerdo, ya que según su portavoz, Miguel Anxo Malvido, el incremento retributivo es insuficiente y porque tampoco consideran adecuados los términos en los que se recoge la contratación laboral.
Por su parte los representantes de los dos sindicatos que suscribieron el preacuerdo, UGT y CCOO informaron de que lo someterán a la asamblea de trabajadores y que confían que sea ratificado.
Finalmente el portavoz de los empresarios, Enrique Mallón, se mostró satisfecho de que el preacuerdo ponga fin a un largo conflicto y a un periodo de intranquilidad en las empresas del sector, aunque reconoció que las repercusiones de los paros y la inactividad han sido muy importantes.
El convenio colectivo del Metal de la provincia de Pontevedra afecta a unos 25.000 trabajadores.