CHINA
HRW pide investigar las detenciones tras los enfrentamientos étnicos
Human Rights Watch (HRW) pidió a China que informe del destino del millar de
detenidos en julio tras los enfrentamientos étnicos de Urumqi (región de
Xinjiang) y acepte una investigación liderada por Naciones Unidas para
esclarecer lo ocurrido en la peor matanza vivida en ese país en veinte
años.
"El Gobierno chino debería dar cuenta inmediata de todos sus detenidos
y permitir una investigación independiente", reclamó HRW en un informe difundido
hoy sobre lo ocurrido en esa región autónoma occidental china habitada desde
hace siglos por uigures.
Los uigures conforman una etnia de lengua turcomana
y religión musulmana que hoy representa menos de la mitad de la población de la
región, debido a la llegada de colonos chinos.
Las revueltas étnicas
ocurridas entre chinos han y uigures el 5 y 6 del pasado julio terminaron con la
muerte, según los datos oficiales de China, de al menos 197 personas y más de
1.600 heridos. "El Gobierno chino dice que respeta el Estado de Derecho, pero
nada podría socavar más esa afirmación que sacar a gente de sus casas y hacer
que 'desaparezcan' sin que sus familias sepan si están vivos o muertos", aseguró
el responsable de Asia en HRW, Brad Adams, en un comunicado que acompaña el
informe.
Añadió que "los casos documentados parecen ser solo la punta del
iceberg" y recordó que las autoridades judiciales de Xinjiang comenzaron la
semana pasada el enjuiciamiento de personas acusadas de haber estado
involucradas en aquellas protestas.
Por el momento, y según sus datos, nueve
hombres han sido condenados a muerte, tres más a una pena similar con dos años
de aplazamiento y uno a cadena perpetua.
La investigación de HRW concluye que
el 6 y 7 de julio policías y militares chinos llevaron a cabo redadas a gran
escala en áreas de poblaciones uigures de diversas localidades y que éstas se
prolongaron en menor escala al menos hasta mediados de agosto.
"Es posible
que algunos chinos han también fueran víctimas de 'desapariciones' y arrestos
ilegales", aunque HRW no ha logrado información al respecto.
Según los
testigos citados en el informe, las fuerzas de seguridad precintaron barrios
enteros en busca de jóvenes uigures, separó a los hombres, los arrodilló o tiró
al suelo y "al menos en algunos casos" se les golpeó mientras se les interrogaba
sobre su participación en las protestas.
"Quienes tenían heridas o
magulladuras, o no estaban en sus casas durante las protestas, fueron
trasladados", asegura el informe, en el que se añade que, en otros casos, las
fuerzas de seguridad "simplemente fueron por todos los jóvenes que pudieron
atrapar y los metieron en camiones".
Por todo ello, HRW pide a China que
"interrumpa inmediatamente la práctica de las desapariciones forzosas, libere a
quienes no tengan cargos contra ellos y dé cuenta de todo el que mantenga
retenido". Además, le urge a que permita una investigación internacional
independiente y pide al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones
Unidas que lidere ese proceso.
"China solo debería utilizar lugares de
detención oficiales, para que todo el que esté detenido pueda tener contacto con
sus familiares y asesores legales", defendió Adams, quien recordó que las
desapariciones forzadas no son dignas del comportamiento de países que aspiran a
un liderazgo internacional.
La ONG recordó que según las leyes
internacionales un estado es responsable de una "desaparición forzosa" si "sus
agentes detienen a una persona y niegan tenerla retenida o no informan de su
paradero", y apuntó que las víctimas de esa práctica "tienen un gran riesgo de
sufrir torturas o ejecuciones extrajudiciales".
La organización consideró que
Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros socios de China deberían reclamar
una clara respuesta sobre lo ocurrido. "No deberían permitir que las
relaciones comerciales u otras consideraciones políticas los llevaran a tratar a
China de forma diferente que a otros países que llevan a cabo esta horrorosa
práctica", añadió Adams.
China es el país donde más sentencias de muerte se
dictan al año, con 1.067 ejecuciones en 2008, pero la cifra real se sitúa por
encima de las 8.000, según han filtrado los propios legisladores
chinos.