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José Manuel López García
Economí­a

NAVAL

El Parlamento reclama que el Estado renegocie "de inmediato" con la UE retomar la construcción civil en Fene

22-10-2009 18:34:20

La Comisión 6ª del Parlamento de Galicia dio el visto bueno a una proposición no de ley en la que se pide a la Xunta que inste al Gobierno de España a iniciar "de inmediato" la renegociación con la Unión Europea de la situación del astillero de Fene, de modo que éste pueda retomar la construcción naval civil y aprovechar las instalaciones que actualmente tiene en desuso.

La iniciativa fue presentada por el grupo del PPdeG, y salió adelante con los votos favorables de los populares y del BNG, y la abstención de los diputados del PSOE. Los dos grupos de la oposición habían presentado sendas enmiendas a la proposición no de ley, que fueron rechazada por al Partido Popular, lo que provocó el malestar de nacionalistas y socialistas, que acusaron al grupo que sustenta al Gobierno de "romper o consenso" que se venía manteniendo en relación a Navantia.

El debate de la propuesta se inició con la intervención de la diputada del PPdeG, Ángeles Díaz Pardo, que argumentó que tras el "castigo" sufrido por los astilleros ferrolanos con las distintas reconversiones producidas desde 1984, estos pasaron de suponer 9.000 empleos directos a tener menos de 2.000 trabajadores, concentrados principalmente en las instalaciones de Ferrol, además de abocar al cierre a la "maioría" de las industrias auxiliares. Díaz Pardo destacó el "declive" que esto ha supuesto para la comarca ferrolana que, señaló, "vén perdendo poboación de forma progresiva" y registra un nivel de paro "do 20%".

La popular criticó la "desidia e inacción" del Gobierno central presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, a quien reclama que deje de "mentir" y aborde con la UE la renegociación de la situación de Fene, que tiene restringido su acceso a la construcción civil. Reclamó que se aproveche la complicada situación económica para presionar a Bruselas de cara a que levante el veto y que no se dejen las iniciativas para cuando España acceda a la presidencia española, sino que eso se aproveche para recoger el fruto de lo puesto antes sobre la mesa.

Los grupos de la oposición criticaron a Díaz Pardo que hiciese recaer la responsabilidad de la situación de Fene sólo sobre los gobierno centrales de signo socialista --presididos por Felipe González y por Zapatero- obviando "ocho años" de presidencia de José María Aznar, y "16 años" de gobierno del popular Manuel Fraga en la Xunta.

Así, la diputada del BNG, Tareixa Paz, acusó a la popular de hacer una "reinterpretación absolutamente falseada da realidade" desde su papel de "vencedores". A continuación recordó que desde 2005, una serie de iniciativas parlamentarias aprobadas por unanimidad devolvieron a la agenda política el debate sobre Fene, cuestión que también destacó el socialista Abel Losada.

Ambos diputados defendieron incluir en la proposición una apartado que inste a la Xunta a tener un papel activo dentro de la renegociación y petición de levantamiento del veto, cuestión que reconocieron está limitada a las competencias del marco estatutario actual que, señalaron, el PP se opuso a cambiar en la pasada legislatura.

Losada recordó al grupo popular que esa petición de trabajo a la Xunta fue reclamada por ellos durante toda la legislatura pasada, por lo que socialistas y nacionalistas se mostraron indignados cuando los populares rechazaron sus enmiendas. La posición de ambos grupos en la votación de la iniciativa fue distinta, pero ambos coincidieron en resaltar que el PP se ha desmarcado de los intentos de buscar siempre el consenso en el tema de Navantia.

Paz justificó el voto favorable de su grupo precisamente en la necesidad de "non romper" ese consenso parlamentario, pero criticó al PP que "non pida agora o mesmo compromiso que lle pedía á Xunta anterior". Por su parte, Losada explicó que el PSdeG se abstuvo porque los populares se salen de la estrategia parlamentaria de "chegar a acordos" sobre Fene en los últimos años y porque la proposición, sin incluir peticiones al Gobierno autonómico, le da "carta blanca" para "limitarse" a enviar misivas al Gobierno central pidiendo que negocie con la UE.





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