El presidente tunecino, Zine el Abidine Ben Alí, se encamina a renovar por quinta vez su mandato en las elecciones del próximo domingo, tras una campaña que concluyó hoy y en la que la oposición denunció no haber tenido apenas hueco en los medios de comunicación y los espacios públicos del país.
Las calles del centro de la capital acogieron este viernes conciertos y manifestaciones de folclore popular en apoyo del actual presidente, cuya imagen adorna varios edificios y lugares públicos, mientras que el único candidato verdaderamente opositor de los otros tres que optan a la presidencia, Ahmed Brahim, conseguía finalmente celebrar uno de sus primeros mítines de campaña.
Brahim, secretario general del Movimiento de la Renovación (Etajdid) y apoyado por buena parte de la oposición, denunció continúas trabas al desarrollo de sus actividades durante la campaña, entre ellas el embargo hasta hace cuatro días de su manifiesto electoral, la confiscación de sus carteles y folletos de propaganda o la negación de lugares públicos para celebrar sus mítines.
Según un estudio sobre la cobertura de la campaña presentado hoy por la Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH), la asociación de mujeres demócratas y otras organizaciones de la sociedad civil, el conjunto de la prensa escrita del país ha dedicado un 97,23 por ciento de sus informaciones a la candidatura de Ben Alí y sólo el 2,77 por ciento restante al resto de aspirantes a la presidencia.
El presidente de la LTDH, Mujtar Trifi, aseguró que en esta campaña se ha "acentuado todavía más la regresión en la libertad de expresión" y la "abrumadora hegemonía" en los medios tunecinos de la información sobre las actividades del partido gubernamental, la Reagrupación Constitucional Democrática (RCD), y de su candidato Ben Alí.
En las últimas elecciones de 2004 el porcentaje de cobertura en la prensa había sido de un 92 por ciento para la RCD y el presidente y de un 8 por ciento para la oposición, según el estudio realizado entonces por las mismas asociaciones civiles.
Ben Alí, sin embargo, no se ha prodigado en actos públicos durante las dos semanas de campaña y ha celebrado únicamente un mitin en la jornada de apertura.
Los miembros del Gobierno y las fuerzas que le apoyan han insistido en los logros de sus 22 años al frente del Estado y destacado sus éxitos en la modernización del país, la apertura y el desarrollo económico, el impulso del papel y los derechos de la mujer o el combate al fundamentalismo islamista.
El presidente ha prometido crear 425.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años y elevar la renta per cápita de los tunecinos de los 5.000 dinares actuales a 7.000 (cerca de 3.500 euros), al tiempo que reforzar la presencia de la mujer en los centros de decisión hasta alcanzar una tasa del 35 por ciento.
Maya Jeribi, secretaria general del Partido Democrático Progresista (PDP) y la primera mujer al frente de una formación política en el país, ha decidido sin embargo llamar al boicot de las elecciones, después de que el 80 por ciento de las candidaturas de su formación fueran invalidadas por el Consejo Constitucional.
"Estas elecciones serán una vez más una ocasión perdida para que los tunecinos puedan elegir a quien les gobierna y quien les representa. No hay campaña, no hay listas de la oposición, no hay competición. Son un simulacro", aseveró hoy Jeribi y lamentó la ausencia de observadores internacionales fiables en los comicios.
Ben Alí, apoyado además de por el poderoso RCD -con más de dos millones de militantes en un país de poco más de 10 millones-, por los sindicatos, la patronal y decenas de organizaciones de masas, nunca ha tenido rival en las citas electorales y en las últimas resultó elegido con el 94,48 por ciento de los votos.
En las elecciones de este domingo, con 73 años, tiene de nuevo prácticamente garantizada su reelección para los que serán sus últimos cinco años al frente del país, en caso de que no se modifique de nuevo la Carta Magna.
Una reforma constitucional en 2002 suprimió la limitación a tres de los mandatos presidenciales, pero fijó en 75 años la edad máxima para optar a la jefatura del Estado.