TRÁFICO DE INFLUENCIAS
El marido de De Madre se perfila como sustituto del alcalde de Santa Coloma detenido
Antoni Fogué, presidente de la Diputación de Barcelona y concejal en Santa
Coloma de Gramenet (Barcelona), se perfila como sustituto del actual alcalde de
Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, a la espera de lo que dictamine el juez tras
detener a Muñoz en el marco de una operación anticorrupción. Fogué es marido de Manuela de Madre, histórica del PSC que fue alcaldesa de la localidad.
El ex conseller de la Generalitat Maciá Alavedra; el ex secretario general de la
Presidencia Lluís Prenafeta, y el alcalde socialista de Santa Coloma son tres de las ocho personas detenidas en una
operación contra la corrupción desarrollada en Barcelona. Según fuentes
de la investigación, en la operación, dirigida por el juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón, también han sido arrestados por la Guardia Civil el
teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de esta localidad, Manuel Dobarco;
el director gerente de Servicios, Pascual Vela, y el ex diputado del PSC Luis
García.
A los
detenidos en esta acción policial contra la corrupción, relacionada con la
adjudicación de obras y servicios vinculados a la construcción, se les imputan
los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.
El
secretario de organización del PSC, José Zaragoza, ya ha anunciado hoy que si la
"autoridad judicial toma medidas" contra el alcalde socialista de Santa Coloma
de Gramenet desde 2002, el PSC pedirá su renuncia y le expulsará del
partido. Fuentes socialistas han avanzado que Antoni Fogué es el mejor
situado para sustituir a Muñoz, en el supuesto de que la evolución del caso
lleve al PSC a decidir definitivamente el relevo en la alcaldía.
LA OPERACIÓN CONTINÚA
La
operación no está cerrada, y no descartan que se produzca algún arresto más en
las próximas horas. Desde primera hora de la mañana, agentes del instituto
armado han registrado la sede del Ayuntamiento de Santa Coloma, en el que han
reclamado diversos expedientes y documentación de la Secretaría General, los
Servicios Jurídicos y el Departamento de Informática.
Los agentes también han
inspeccionado la sede de la empresa municipal de promoción inmobiliaria
Gramepark S.A. y de la empresa municipal de promoción empresarial Grameimpuls
S.A. en busca de documentación que las relacione con esta trama de
corrupción.
La Guardia Civil investiga ahora si la red operaba a través
Gramepark, presidida por uno de los detenidos, el concejal de Urbanismo de Santa
Coloma, Manuel Dobarco. Los investigadores tratan de averiguar si esta
empresa municipal, que nació hace veinte años como constructora de
aparcamientos, fue utilizada por la trama de corrupción, que presuntamente
operaba mediante la adjudicación de obras y servicios vinculados a la
construcción.
Fuentes jurídicas han explicado que la operación deriva de una
investigación abierta en la Audiencia Nacional en 2007 a raíz de los datos que
aparecieron en el sumario de BBVA Privanza, que investigó un presunto fraude
cometido a través del paraíso fiscal de Jersey.
En este fraude se vieron
implicados varios bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Petrus, con el
que se relaciona a algunos de los detenidos hoy por orden de Garzón.
Las
investigaciones al BBVA Privanza, filial de la entidad bancaria especializada en
la gestión de grandes patrimonios y radicada en Jersey, se iniciaron en mayo de
2000 tras el hallazgo en una de las sucursales del banco de un "manual de
productos fiduciarios" y una "cuenta corresponsal".
Las pesquisas sobre el
origen y destino de los fondos que circulaban por esa cuenta y el rastro de las
transferencias llevaron hasta varios despachos de abogados, entre ellos Petrus,
que -según la investigación- cooperaron presuntamente en una operativa para
defraudar al fisco y de ese modo "optimizar fiscalmente" los ahorros de sus
clientes.
La causa en la que Garzón investigó a los directivos del BBVA
Privanza procedía a su vez del sumario sobre la gestión económica de la Expo'92
y el supuesto cobro de comisiones ilegales, después de que el Tribunal de
Cuentas detectará perdidas de 35.000 millones de pesetas.