CORRUPCIÓN EN CATALUÑA
La Sindicatura halló irregularidades en Santa Coloma, pero el Parlament no lo analizó
La Sindicatura de Comptes halló en 2003 irregularidades en varios aspectos de la
gestión de Bartomeu Muñoz al frente del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona), como en la adjudicación de obras, aunque ningún grupo del Parlament
quiso analizar y debatir el informe cuando se recibió en 2007.
En el informe,
de 122 páginas, la Sindicatura de Comptes analizaba minuciosamente tres áreas de
gestión del consistorio en las que detectó varias irregularidades, como en el
impuesto sobre las plusvalías de terrenos de naturaleza urbana, la gestión de
personal y las inversiones reales y su financiación.
Las irregularidades
detectadas en 2003 no guardan relación directa con el caso de supuesta
corrupción urbanística destapada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón, que ha ordenado la detención de alcalde socialista de Santa Coloma,
Bartomeu Muñoz, dos ex altos cargos de Jordi Pujol -Macià Alavedra y Lluis
Prenafeta-, así como el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Santa
Coloma, Manuel Dobarco, y el director gerente de Servicios, Pascual Vela, entre
otros.
No obstante, algunas de las anomalías recogidas en el informe están
vinculadas a la adjudicación de obras y servicios municipales, que es
precisamente el procedimiento que los detenidos por orden de Garzón habrían
utilizado ilegalmente para enriquecerse.
La auditoría de la Sindicatura
desvela, en el apartado de inversiones y financiación, que había dos obras,
presupuestadas en 496.003 euros en total, que fueron realizadas sin formalizar
el preceptivo expediente administrativo, lo que el informe ya advertía que
podría derivar en responsabilidades administrativas.
También había otros dos
expedientes en los que la propuesta a la comisión de gobierno para que aprobara
la adjudicación a un contratista era anterior a la propuesta de la mesa de
contratación. Asimismo, la Sindicatura también detectó en su informe la
existencia de tres expedientes de obras en los que en primer lugar se
presentaron las ofertas de los adjudicatarios y posteriormente se aprobó el
proyecto y el pliego de condiciones.
Sin embargo, la mayoría de infracciones
se detectaron en el área de gestión de personal, donde se apreció el pago de
incrementos salariales no regulados que podrían constituir indicios de
responsabilidad contable, ya que, por ejemplo, se concedieron pagas extras sin
amparo legal.
Este informe llegó al Parlament en el segundo semestre del año
2007 aunque, pese a las irregularidades detectadas, ningún grupo de la cámara
catalana pidió que fuera presentado en Comisión para poder analizarlo, debatirlo
y proponer medidas correctoras.
Todos los estudios que elabora la Sindicatura
son entregados en el Parlament, si bien los síndicos sólo comparecen por defecto
para exponer sus informes relativos a la administración de la
Generalitat.
Cuando se trata de informes sobre las administraciones locales y
las universidades, la Sindicatura sólo los envía a la Mesa del Parlament, que
los distribuye a los grupos, que, según el reglamento de la cámara, disponen de
quince días para pedir la comparecencia en comisión del Síndico para poder
exponer y debatir con mayor profundidad el estudio en concreto y proponer
medidas correctoras.
En el caso de Santa Coloma, ningún grupo del Parlament
estimó conveniente pedir la comparecencia del síndico que elaboró el informe,
por lo que esta auditoría, y todas las irregularidades de las que advertía,
quedó olvidada en un cajón.