ESTUDIO

Los sindicatos coinciden en que la fusión de las cajas generaría un "excedente" de 207 oficinas y de más de 800 empleos en Galicia

Los sindicatos estudian ya el impacto laboral de una hipotética fusión entre Caixanova y Caixa Galicia, a la espera de que la Xunta desvele sus planes para reordenar el mapa financiero. La CIG calcula que unas 207 oficinas podrían tener que cerrar sus puertas en la comunidad, el 25% de las más de 800 sucursales que poseen las dos cajas en Galicia, un dato con el que coinciden tanto UGT como CC.OO. En términos de personal, el estudio presentado por la CIG apunta que estarían "en perigo" un total de 817 trabajadores directos, a los que habría que sumar operarios de limpieza, de mantenimiento y otros puestos de trabajo indirectos, tales como los proveedores. En el conjunto del Estado, 39 centros de las dos entidades de ahorro coinciden en las mismas ciudades —en el marco de una red integrada por unos 530 puntos de atención—, por lo que también podría haber recortes.

Las consecuencias de la concentración también se dejarían sentir en los servicios centrales (SSCC) de ambas cajas, según la central nacionalista. Aunque todo dependería de las condiciones fijadas en el acuerdo de fusión, la CIG constata que, de seguirse ejemplos como el de la unión de Caja Navarra y Caja Canarias, podría establecerse una única sede en A Coruña o en Vigo. Así, el sindicato estima que los SSCC podrían perder un 40% de los puestos de trabajo de las matrices, que en el caso de Caixa Galicia ascienden a 839 y en Caixanova a 863. En total, "a fusión podría cobrarse 1.500 postos de traballo" en Galicia.

En su informe, la CIG trabaja con un escenario en el que se mantendría la actual cobertura de los servicios financieros en todos los municipios del rural y en los barrios de las ciudades. Basándose en criterios de rentabilidad, las oficinas coincidentes en pequeñas poblaciones y con "menor volume de negocio" tendrían más probabilidades de tener que echar el cierre, así como aquellas dependencias que coincidan en un radio de 300 metros.

Las estimaciones de la central, efectuadas con datos de 31 de marzo, situarían la provincia de Pontevedra como la más afectada, con 305 trabajadores y 62 oficinas "excedentarias". Le seguirían Ourense —con 250 empleados y 70 sucursales—; A Coruña —201 y 16— y Lugo, que con 62 trabajadores y 16 puntos de atención al cliente "de máis", sería la provincia menos afectada, en buena parte debido a la menor presencia de Caixanova en este territorio.

Contrario a las fusiones en el sector financiero, el secretario nacional de la federación de Banca de la CIG, Clodomiro Montero, censuró que el Ejecutivo gallego "non traballe na búsqueda dun consenso político, social e sindical" para tomar decisiones, por lo que recordó que "estamos á espera" de una reunión con responsables de las consellerías de Facenda y Economía.

A la vista de la reestructuración del sector que impulsa el Banco de España, Montero manifestó su temor de que los agentes políticos y económicos puedan estar "aproveiten a crise e as necesidades de financiamento para forzar o camiño da desaparición" de las entidades de ahorro públicas, "como xa sucedeu en Francia e Gran Bretaña". Tras recordar que "a orixe" de la crisis radicó en la falta de supervisión en el sistema financiero privado, el representante de la CIG insistió en la necesidad de mantener "o control público". A la espera de que la Xunta muestre sus cartas, la CIG deja caer ya que "non admitirá nin un só despedimento" motivado por un proceso de unión.

En esta línea, el responsable de Banca de CC.OO., Julián Valiente Romero, incidió en declaraciones a AGN que el modelo por el que opte Galicia deberá garantizar "o vencellamento das caixas ó territorio" y el mantenimiento de los cerca de 6.000 puestos de trabajo directo que generan las cajas. Con todo, admitió que cualquier movimiento deberá pasar por la "concentración", ya sea a través de la fusión real o por medio del sistema de protección institucional (SIP). La finalidad es evitar "a quebra do sistema", señala Valiente, quien vaticina que el escenario económico de 2010 "será aínda máis complicado".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios de UGT, Ernesto Fontanes, recalcó que "non podemos bendicir de entrada ningunha fusión", aunque si finalmente se impone este proceso "rexeitaremos a absorción por unha caixa foránea".


SOLUCIONES

Una de las salidas menos gravosas para el "excedente" de personal, serían las prejubilaciones, coinciden los sindicatos. Según el estudio de la CIG, unos 1.069 trabajadores con edades comprendidas entre los 54 y los 60 años podrían acogerse a estos planes. A través de esta vía, podrían amortizarse 453 puestos en Pontevedra, 374 en A Coruña, 180 en Ourense y 62 en Lugo. Si estas cifras se cruzan con los puestos "prescindibles", en A Coruña y Lugo la destrucción del empleo quedaría cubierta. Por el contrario, Clodomiro Montero alertó de que en Ourense las consecuencias serían "traumáticas" si no se "rebaixa aínda máis a idade de prexubilación", al igual que si Pontevedra "perde a sede dos servizos centrais".

Con todo, puso en tela de juicio la licitud de este procedimiento que se financiaría a cargo del Fondo de reestructuración ordenada bancaria (Frob), al suponer cargar estas pensiones "ó erario público", "algo máis que cuestionable sindicalmente cando millóns de persoas quedan no paro", constató.

Frente a la central nacionalista, tanto UGT como CC.OO. coincidieron en señalar que las prejubilaciones como las salidas "menos traumáticas". No obstante, Ernesto Fontanes recalcó que la organización "se manterá alerta" ante cualquier movimiento.